El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ordenó al Departamento de Defensa que elabore opciones militares para enfrentar a organizaciones del narcotráfico latinoamericanas que han sido o podrían ser designadas como organizaciones terroristas extranjeras. La directiva, reportada por diversos medios y confirmada por funcionarios estadounidenses, trasladaría ciertas operaciones contra cárteles —hasta ahora mayormente competencia de agencias de seguridad y de justicia— a un ámbito donde el Pentágono tendría un papel operativo más activo. Esta decisión representa un cambio de paradigma que habilita el uso de activos militares en escenarios que podrían incluir acciones en el mar y, en teoría, fuera del territorio estadounidense.
La Casa Blanca argumenta que la magnitud del flujo de fentanilo y otros estupefacientes hacia Estados Unidos, así como la sofisticación de las redes criminales transnacionales, exige herramientas más contundentes. Funcionarios sostienen que las medidas militares serían sólo una de varias opciones —junto con sanciones financieras, decomisos de activos y cooperación policial— y que cualquier empleo de capacidades militares “no es inminente” sino condicional y sujeto a marcos legales y de coordinación internacional. No obstante, la sola instrucción para preparar planes operativos ya generó inquietud entre gobiernos aliados y en el propio México, por las implicaciones sobre soberanía y escalabilidad del conflicto.
Analistas consultados señalan riesgos claros: la militarización de la lucha contra las drogas puede trasladar la violencia, complicar la cooperación con fuerzas locales y provocar choques diplomáticos si las operaciones se piensan en o a través de territorio soberano. La experiencia histórica muestra que ataques directos sin coordinación integral tienden a fragmentar grupos y generar ciclos de violencia. Además, diseñar objetivos militares precisos contra redes criminales —que se camuflan entre actividad civil y economía informal— plantea desafíos jurídicos y de inteligencia. Por ello, expertos recomiendan priorizar líneas de inteligencia conjunta, judicialización y cooperación financiera antes que despliegues de fuerza a gran escala.
El impacto político es inmediato: legisladores y actores internacionales cuestionan la viabilidad y la legalidad de operar contra grupos dentro de otros estados sin su consentimiento. En México la reacción oficial fue de énfasis en la defensa de la soberanía; autoridades solicitaron claridad sobre el alcance de la directiva y subrayaron la necesidad de coordinación bilateral. Por su parte, en Estados Unidos algunos sectores de seguridad nacional abogan por una estrategia combinada —militar, policial y diplomática— mientras que otros alertan sobre el coste humano y geopolítico de una intervención amplia.
Desde el punto de vista operativo, la orden obliga al Pentágono a elaborar escenarios —que van desde misiones de apoyo logístico y vigilancia hasta opciones más ofensivas— y a coordinar con agencias como el Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional y la inteligencia nacional. Las complicaciones técnicas incluyen diferenciar blancos criminales de civiles, preservar evidencia para procesos judiciales y evitar daños colaterales que puedan erosionar apoyo local y regional. Estados que temen intervenciones directas han exigido garantías y mecanismos de control político para cualquier acción transfronteriza.
En suma, la directiva de Trump marca una escalada que abre la puerta a mayor presión sobre los cárteles desde herramientas estatales de corte militar. Pero la implementación práctica enfrenta límites legales, políticos y operativos; la posibilidad real de intervenciones dependerá de acuerdos multilaterales, resultados de inteligencia y del cálculo político tanto en Washington como en los países afectados. Mientras tanto, la región observa con preocupación una estrategia que mezcla lucha contra el crimen organizado y lógica contrainsurgente.
