El presidente Donald Trump anunció una nueva política arancelaria: a partir del 1 de agosto, Estados Unidos aplicará un arancel del 50 % sobre productos semielaborados de cobre y artículos derivados intensivos en cobre, como tuberías, cables, conectores y componentes eléctricos.
La medida, promovida bajo la Sección 232 del Trade Expansion Act, responde a una investigación que determinó que las importaciones masivas de cobre amenazan la seguridad nacional al depender excesivamente de proveedores extranjeros para industrias clave como defensa, energía y telecomunicaciones.
Tras el anuncio, los precios del cobre en los mercados internacionales cayeron casi un 20 % inmediatamente, al dejar claro que solo se gravarán productos manufacturados, mientras que concentrados, ánodos, cátodos o chatarra de cobre quedaron exentos, lo que alivia en parte la presión sobre productores mineros como Chile, Perú y México.
Economistas advierten que, aunque el objetivo es reactivar la industria estadounidense, el efecto podría encarecer insumos críticos y tensar las cadenas de suministro globales. Grandes consumidores como la industria automotriz y de energía renovable podrían enfrentar aumentos en costos de producción.
El gobierno anunció también medidas de estímulo interno, como requerir que 25 % de la chatarra de cobre de alta calidad producida en EE. UU. se venda dentro del país. La administración evalúa futuros aranceles escalonados sobre cobre refinado de hasta 30 % para 2028, sujeto al avance en la industria nacional.
