Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras compareció ante las y los integrantes de la LXIII Legislatura con motivo de la Glosa de su Informe de Actividades 2023.
La comparecencia fue presidida por la diputada Cinthia Segovia Colunga, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado; el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, vicepresidente; y el diputado Edmundo Torrescano Medina, secretario.
En su comparecencia, el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras informó que el delito con mayor incidencia es el de violencia familiar, el cual quedo establecido como prioridad en el Plan de Persecución Penal.
Detalló que en esta área es a dónde se han dirigido los esfuerzos de la Fiscalía para atender la demanda de la población, para la procuración de justicia, sancionar y brindar mecanismos de protección para las víctimas.
Respondió a los cuestionamientos de las diputadas Bernarda Reyes Hernández, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, el funcionario manifestó que en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Estado y el Centro de Justicia para las Mujeres, donde se cuenta con agentes del Ministerio Público que atienden, reciben e integran las carpetas de investigación y las acciones de protección en relación a denuncias por casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Se fortaleció la Vicefiscalía de la Mujer, incrementando la plantilla de personal, los programas sectoriales, y la coordinación con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, para la atención de casos de violencia familiar, violación, y violación equiparada, que en algunos casos se trata de carpetas de investigación que se encontraban rezagadas desde los años 2016.
En relación a las medidas de protección, respondió a la diputada Gabriela Martínez Lárraga, que en el año que se informa se emitieron 9 mil 800 medidas de prevención, que tienen que ver con la separación del agresor del domicilio por parte de la investigación para protección de las víctimas, la prohibición de acercarse o tener contacto con ellas, hasta el llevar a personas a refugios o albergues donde se pueda garantizar la seguridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres,
Señaló que existen varios refugios en el estado, en Rioverde, Matlapa, San Luis Potosí, Soledad, y Matehuala, principalmente, los cuales son instituciones altruistas que no dependen de la Fiscalía, cuya ubicación es reservada, dadas las situaciones en que se encuentran las víctimas, donde intervienen también instituciones como Centro de Justicia para las Mujeres e IMES.
En lo relacionado a la Alerta por Violencia de Género, respondió a la diputada Emma Saldaña, y manifestó que se mantienen las acciones con todas las instituciones involucradas.
En este sentido, señaló que se mantienen los mecanismos de capacitación para sensibilizar al personal en la atención de este tipo de delitos, y en caso de que no se cumplan, se inicie un proceso sancionatorio.
En lo relacionado a la atención a los casos de feminicidios, se trabajó en la integración de Unidades de Análisis y Contexto, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidios para trabajar en conjunto para la investigación y resolución de los casos.
En el tema de desaparición de personas, respondió a los cuestionamientos de los diputados Eloy Franklin Sarabia y manifestó que se cuenta con una unidad para la atención de personas desaparecidas y no localizadas, la cual realiza acciones coordinadas con las instituciones federales y de otras entidades, para la búsqueda y paradero de personas con vida.
Agregó que en coordinación con la policía de métodos de investigación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se ha logrado la capacitación de los elementos para la búsqueda de personas bajo parámetros de sensibilización y respeto a derechos humanos, en las diferentes denuncias que se presentan.
A pregunta del diputado Alejandro Leal Tovías, el Fiscal Ruiz Contreras indicó que se está trabajando en coordinación con el Ejecutivo del Estado, las comisiones nacional y estatal de Búsqueda de Personas y colectivos, para el proyecto de posible construcción de un espacio que albergue un panteón forense, que resguarde los cadáveres de personas que no sean reclamadas y se les realice el análisis de genética para fortalecer los bancos de datos, así como el resguardo de los mismos hasta poder devolverlos a sus familiares, en su caso.
Sobre la atención a pueblos y comunidades indígenas, el Fiscal manifestó que se formalizó la designación del Fiscal Especializado, para lograr una cobertura general en la zona huasteca y media; se ha fortalecido con dos intérpretes, y se apertura una convocatoria para la integración de personal para agentes del ministerio público, así como la capacitación permanente en estas oficinas.
En relación a atención a delitos en contra de productores agropecuarios, respondió a los cuestionamientos del diputado René Oyarvide, y manifestó que se fortalecieron las acciones de combate al abigeato, en las cuatro zonas del estado, donde se ha logrado una coordinación efectiva con los productores ganaderos a fin de que presenten las denuncias respectivas y que cumplan con la documentación para el traslado de ganado y su marcación.
Dijo que en este sentido, se ha logrado la judicialización de diferentes carpetas de investigación sobre denuncias por abigeato, una de ellas donde se imputan hechos de robo de más de 120 cabezas de ganado, lo cual ha permitido dar seguimiento puntual para inhibir y sancionar este tipo de delitos.
En lo relacionado a la deportación de potosinos a Estados Unidos de Norteamérica, con motivo de acuerdos internacionales, respondió a la diputada Elena Ramírez que se realizaron 5 deportaciones administrativas, en materia de feminicidios, secuestro y homicidios dolosos.
Las personas deportadas se encuentran en Estados Unidos, enfrentando sus procesos y privados de su libertad, dado el delito que se les atribuye; se mantiene la coordinación con INTERPOOL y agencias de Sudamérica para la captura de sujetos que cometan delitos.
A pregunta de la diputada Claudia Tristán, el funcionario manifestó que se trabaja en conjunto con las instituciones federales y municipios, en las diversas Mesas de Seguridad y de Paz desde donde se han fortalecido los mecanismos de capacitación de las corporaciones policíacas y de investigación, para coordinar esfuerzos para atención a hechos delictivos y de procuración de justicia.
En lo relacionado al Plan de Persecución Penal, respondió al diputado Ulises Mendoza y manifestó que luego de la reforma aprobada por el Poder Legislativo, forman parte de los Consejos Consultivos se buscará realizar diversos foros con los sectores de la sociedad, como es el agrario, industrial, magisterial entre otros, para escuchar sus propuestas y dar seguimiento a las diversas acciones.
El diputado Rubén Guajardo Barrera detalló que según denuncias de abogados defensores, la Fiscalía exige un registro a nivel nacional para poder acceder al beneficio de la suspensión condicional de proceso, en el que se acredite que es la primera vez que realiza una conducta reprochable, que tramita la misma Fiscalía y cuyos costos varían de 8 a 10 mil pesos.
El Fiscal Ruiz Contreras señaló que es un requisito de la Unidad de Medidas Cautelares, no la propia Fiscalía, para el análisis de los riesgos de cada una de las personas y en relación al flujo de personas en los procesos judiciales que se siguen, para establecer las condiciones de riesgo o no, de poder salir.
A pregunta del diputado Salvador Isais Rodríguez, el Fiscal indicó que se prioriza la resolución de conflictos a través de la mediación, que permita una rápida reparación del daño, de manera inmediata y diferido cuando los delitos lo permiten.
Destacó que en este año, mediante estos métodos se logró la reparación del daño por un monto de 268 millones de pesos, tanto en sede de Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial, contra 143 millones de pesos obtenidos el año 2022.
A pregunta de la diputada Dolores Eliza García Román, el Fiscal Ruiz Contreras señaló como un logró de este 2023, la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y la integración de la Unidad de Narcomenudeo, que dieron resultados importantes a la población.
En relación a la Unidad de Narcomenudeo, respondió a la diputada Cecilia Senllace Ochoa y manifestó que no se trata de un delito que vaya en crecimiento, sino que no se generaba anteriormente un combate frontal; ahora con el apoyo de diversas autoridades se están generando acciones importantes para la detención de personas.
Dijo que en este año, se incorporaron 10 nuevos agentes del ministerio público, donde se lograron mil vinculaciones a proceso de personas que fueron detenidas y puestas a disposición del juez de control, solamente en la capital del estado, lo que demuestra la efectividad del personal y la policía de investigación.
En relación al rezago, respondió al cuestionamiento del diputado Cuauhtli Badillo y manifestó que durante su gestión se está dando prioridad a la resolución de carpetas de investigación, incluso algunas que datan del tránsito de Procuraduría a Fiscalía del Estado. Se está fortaleciendo la capacitación para una mayor eficiencia del personal, para solventar a la brevedad.
En lo relacionado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, respondió al diputado Edmundo Torrescano Medina, y señaló que luego de la renuncia del titular, se mantiene trabajando con un encargado de despacho, y al momento solamente se ha logrado la judicialización de una carpeta de investigación, mientras que 14 que estaban en trámite no se consideró que exista conducta que sea señalada como delito.
En relación al combate a delitos de robo a casa habitación y comercios, respondió a la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas y manifestó ques e cuenta con estrategias puntuales de inteligencia y de policía de investigación, lo cual permitieron que en este año se desarticularan 48 bandas en todo el estado durante el 2023, y 10 en el 2022.
Destacó que al iniciar sus funciones, se tenían contabilizados 43 robos diarios a tiendas de conveniencia, y hoy tienen entre 4 y 7 a tiendas de conveniencia en todo el estado.
En lo relacionado a robo de vehículos en el estado, respondió a la diputada Elena Ramírez se informó que hoy se reciben entre 8 y 11 denuncias diarias, contra los 27 robos que eran denunciados al inicio de su gestión, lo cual refleja el combate frontal que se ha hecho a estos delitos por parte de las instituciones de seguridad por medio de mapeo, mapa de calor, horarios, y los operativos rastreador por parte de la policía de investigación en conjunto con las autoridades municipales; y el operativo detector, donde se para ubicar vehículos con reporte de robo.
A pregunta del diputado Rubén Guajardo, el Fiscal Ruiz Contreras señaló que el titular de la Policía de Investigación, Martín Serrano Gómez cumple con el perfil y requisitos, así como los exámenes de control y confianza, y los resultados se encuentran visibles.
En relación al presupuesto, respondió al cuestionamiento del diputado Edmundo Torrescano y señaló que para este ejercicio fiscal 2023 se estableció un presupuesto de mil 327 millones de pesos, de los cuales más de mil millones se utilizan para gasto corriente.
El resto se ha aplicado en la digitalización de procesos, en lo referente a adquisición de equipos de cómputo, vehículos, recepción de las denuncias que ahora los usuarios pueden presentar sus querellas de manera digital, servicios móviles en línea, y situaciones como la entregas de cartas de no antecedentes penales que pueden solicitarse también vía digital, entre otros aspectos.
En lo relacionado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, respondió a la diputada Bernarda Reyes y manifestó que han mantenido estrategias para la atención de las denuncias, y acciones en contra de ex servidores públicos.
Al inicio de su exposición, el funcionario detalló los resultados positivos obtenidos durante el último año, logrando resolver en su totalidad los casos de feminicidios presentados en el 2022 y con avances importantes en los que se registraron en 2023; la conformación de un Plan de Persecución Penal que define claramente las estrategias de procuración de justicia y combate a la impunidad para atender las demandas de la sociedad, y la capacitación de personal para contar con una Fiscalía cercana a la atención de la población y de los reclamos sociales, en respeto a sus derechos humanos.
