Dos atentados coordinados estremecieron a Colombia este 21 de agosto de 2025, con una explosión junto a una base militar en Cali y el derribo de un helicóptero policial en Antioquia. Al menos 18 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en estos hechos violentos que evidencian el agravamiento de la seguridad nacional. Los ataques fueron atribuidos a disidencias de las FARC, que rechazan el acuerdo de paz de 2016 y han intensificado su accionar armado. Las autoridades activaron mecanismos de respuesta rápida y reforzaron la vigilancia en zonas urbanas antes consideradas de menor riesgo. Medios internacionales describen esta escalada como una muestra de la fragilidad de la estrategia de “paz total” impulsada por el gobierno.
El camión bomba explotó junto a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, cobrando la vida de entre cinco y seis personas y dejando decenas de heridos. Al mismo tiempo, en la región rural de Amalfi, Antioquia, un helicóptero UH-60 Black Hawk fue derribado, cobrando la vida de 12 agentes involucrados en una misión antinarcóticos. La sofisticación de los métodos empleados —incluyendo drones suicidas— representa un salto en la capacidad operativa de los grupos armados. Este escenario genera alarma sobre el control territorial de las disidencias y la vulnerabilidad de las fuerzas estatales.
El presidente Gustavo Petro condenó los ataques, calificándolos como “reacción terrorista” de los grupos disidentes, entre ellos el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, los cuales serán considerados organizaciones terroristas. Reafirmó que estos hechos son consecuencia de la ofensiva militar denominada “Operación Perseo”, orientada a reducir las estructuras armadas. Además, el gobierno anunció nuevas medidas de refuerzo en la seguridad urbana y la implementación de recompensas para quienes aporten información sobre los responsables. El mensaje presidencial buscó tranquilizar a la población y marcar un punto firme contra los ataques.
Analistas advierten que esta nueva ola de violencia pone en entredicho la estrategia de paz negociada del gobierno. El uso recurrente de drones y explosivos refleja una modernización de las tácticas del crimen armado, mientras el aumento en la producción de coca contribuye a la proliferación de estas fuerzas ilegales. La ONU y diversos organismos internacionales condenaron los atentados y exhortaron a garantizar la protección de la población civil. En un panorama de creciente tensión, la sociedad colombiana enfrenta nuevamente la incertidumbre sobre la viabilidad de un proceso de pacificación real y duradero.
