Diversas instancias gubernamentales y colectivos civiles en defensa de los derechos de la niñez revelaron datos alarmantes sobre la violencia sexual infantil en San Luis Potosí, que alcanza altos niveles de incidencia en las cuatro regiones del estado, afectando a niñas y niños de entre 4 y 17 años de edad.
En el Altiplano, los casos estremecen. En Matehuala, una niña de 11 años se convirtió en madre tras ser violentada por un hombre de 47 años, lo que derivó en una investigación por violación equiparada. Sin embargo, colectivos advierten que lo más probable es que el caso quede en la impunidad, como ocurre en numerosos episodios donde predominan condenas tardías, procesos judiciales débiles y acuerdos familiares que silencian los delitos.
En la Zona Centro, la Instancia Municipal de las Mujeres reportó un incremento de la violencia digital contra menores, con casos de difusión de imágenes íntimas y de grooming, donde adultos se hacen pasar por jóvenes en redes sociales para ganarse la confianza de niñas y adolescentes. La dependencia brinda acompañamiento psicológico y asesoría legal, pero advierte que se requiere mayor vigilancia del uso de internet en los hogares.
En la Zona Media, la Delegación del Centro de Justicia para las Mujeres documentó agresiones sexuales a niñas desde los 4 años. Aunque también se denuncian ataques contra mujeres adultas, la delegación enfatiza la gravedad de los delitos contra la niñez. Un dato peculiar es que los casos aumentan en marzo y suelen estar vinculados al consumo de drogas o alcohol por parte de los agresores, en su mayoría integrantes del círculo familiar de las víctimas.
En la Huasteca, la Red Libres mantiene la región bajo alerta por la persistencia de uniones tempranas forzadas, disfrazadas de relaciones sentimentales entre hombres adultos y niñas, lo que constituye violencia sexual. La ausencia de una fiscalía especializada en delitos sexuales complica aún más la documentación y atención de estos casos.
Pese a que numerosas denuncias se han documentado, tanto por instancias de gobierno como por organizaciones civiles, los procesos rara vez concluyen en sentencias condenatorias. Entre enero de 2019 y marzo de 2025 se abrieron 549 carpetas de investigación por abuso sexual y violación contra menores en la zona metropolitana, de las cuales solo dos llegaron a judicialización y apenas una concluyó en sentencia.
La Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, reconoció que estos delitos presentan un bajo índice de denuncias, pues “la mayoría de las víctimas decide no acudir a las instancias procuradoras de justicia, ya sea por coacción o por vergüenza, lo que imposibilita la persecución y encarcelamiento de los culpables”.
La realidad muestra que, a pesar de las diferencias regionales, en todo San Luis Potosí persisten dinámicas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La falta de acceso a la justicia, la escasez de albergues y programas de prevención, así como la normalización social de estas agresiones, mantienen a la infancia en una situación de vulnerabilidad permanente.
