Con el objetivo de cerrar el paso a la infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras gubernamentales y legislativas, el Congreso del Estado ha puesto sobre la mesa una reforma que transformaría los requisitos para acceder a cualquier cargo de elección popular en la entidad.
La iniciativa promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea la obligatoriedad de obtener una Certificación Estatal de Condición de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática. Un requisito indispensable para cualquier persona que aspire a una candidatura por cualquier partido político rumbo a los comicios de 2027.
“Hemos observado una preocupación genuina en la sociedad por la posible filtración de grupos delictivos mediante candidatos ‘a modo’”, señaló Serrano Cortés. El diputado subrayó que la intención es utilizar evidencia científica para detectar posibles vínculos con actividades ilícitas antes de que los perfiles lleguen a las boletas electorales.
Para sustentar la viabilidad de la propuesta, el legislador recordó que este tipo de blindajes institucionales ya se aplican en naciones como España, Colombia e Italia. Asimismo, comparó la medida con la Ley 3 de 3 contra la violencia, que impide la participación de deudores alimentarios, un tema que en su momento generó resistencia pero que hoy es una realidad jurídica.
A pesar del respaldo inicial en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el proyecto ha encendido alarmas debido a la instancia propuesta originalmente para aplicar las evaluaciones: el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Gobierno del Estado (C3).
Críticos de la reforma advierten que, al ser el C3 una dependencia que forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo Estatal y no un organismo autónomo, se corre el riesgo de que el Gobierno en turno tenga la facultad de decidir, bajo criterios políticos, quién puede o no contender por una candidatura.
Serrano propone exámenes de control a candidatos
