El poder más mediocre

Bastó que un par de diputadas se salieran del guión para que la ratificación de nueve magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se convirtiera en una feria de coaliciones negativas, cobros de facturas que ya se creía perdidas y muestrario de incompetencias del equipo político del Ejecutivo.

Para hablar en negro sobre blanco, las selecciones de integrantes del Poder Judicial del Estado nunca han sido procesos notorios por su sentido de objetivo del mérito profesional para elegir a los magistrados, tampoco los consejeros de la Judicatura.

Si alguien dice que hubo un tiempo pasado mejor, está siendo demasiado condescendiente con su época y personajes favoritos; no en el siglo XX, menos aún en este. Hablar de “épocas doradas” de nuestro sistema de justicia es disparar mentiras de patas muy cortas. Acaso la única diferencia hoy no hay dónde esconder es la exposición de pasiones, vicios, disimulos, intereses, filias y fobias; “control político”, le llamaban a ese opaco capelo para evitar que se visibilizaran las miserias que también se dan en el
Poder Judicial. Si en Justicia hubo un tiempo mejor, que alguien nos explique por qué el porcentaje de impunidad criminal que tenemos por acumulativo histórico.

El Poder Judicial del Estado es el más opaco de todos. Han sido muy eficientes en evitar siquiera que se discuta lo que ahí ocurre, que se airee. Un reino del nepotismo cruzado, el acoso, el clasismo y la mediocridad intelectual. Por méritos profesionales rara vez se llega, pero una vez adentro, los investidos actúan como sí en verdad los respaldara una trayectoria destacada en el derecho.

El Ejecutivo que propone a los integrantes del Poder Judicial decidió que ese encorsetado reino de mediocres no tuviera variación alguna, ni siquiera de nombres, y resolvió ratificar a los nueve magistrados a quienes ya se les vencía su temporalidad legal. Mucho ha contribuido a achaparrar al Supremo Tribunal el juego de intereses del otro poder participante, el Legislativo que vota las propuestas del Ejecutivo. Se elige “por cuotas”, por tomas y dacas de los partidos. Si no hay magistrado del PAN, el PAN no vota por las propuestas del PRI, y viceversa. Al juego en esta ocasión entra Morena, con toda su impreparación y nulo sentido de la construcción política. A magistrado se llega porque un
acuerdo de reparto lo permitió, así hubiera sido mejor asignarle la toga a una acémila, por lo menos más noble.

Así amarrada llegó la lista de nueve ratificables: Arturo Morales Silva, Juan Paulo Almazán Cué, Juan José Méndez Gatica, Graciela González Centeno, Luis Fernando Gerardo González, María Refugio González Reyes, Olga Regina García López, Rebeca Anastacia Medina García y María del Rocío Hernández Cruz. Para calmar las aspiraciones se ofreció un caramelo: dos vacantes forzosas, la de Ricardo Sánchez Márquez que cumple el máximo de 15 años y la de Martín Celso Zavala porque se jubila.

El proceso generó un capítulo más de la serie “Cue vs. Guajardo”, un historial de enfrentamientos sin inocentes entre el diputado local panista Rubén Guajardo Barrera y el ex magistrado presidente Juan Paulo Almazán Cue. Se han dado con todo desde hace tiempo y el agarrón era cantado en esta ocasión. Con su aparatosa fragua de apoyos, Cue desperdigó su miedo a no ser ratificado y Guajardo blandió el hacha incluso después del dictamen de comisiones unidas que ya no dejaba posibilidad de dejar en el camino a su enemigo personal: emitió un voto particular en contra de las ratificaciones, la de Cue la más documentada y articulada.


Llegada la sesión, la magistrada que se opuso a Cue y estuvo a un voto de sucederlo en la presidencia del Supremo Tribunal, Rebeca Anastacia Medina García, pasó con 20 votos a favor y 6 en contra (los de Morena); Almazán Cue apenas la libró con 18 votos a favor y 8 en contra de los 26 posibles en el Pleno, pues el panista Hervert aún no se encontraba en condiciones de presentarse. Uno menos y no llega, porque se requiere mayoría calificada, dos tercios. Dicen que la diferencia pudo ser Pedro Carrizales “El Mijis”, sacado de su proceso postoperatorio; le tenían que llevar la urna hasta su curul. El
milagro por pura simpatía de seguro no fue.


La priista María del Rosario Sánchez Olivares decidió jugar por su cuenta y apoyada por la panalista Martha Barajas García, se propuso “abrir un hueco” para la promoción posterior de una amiga proyectista: tumbaron a la magistrada Graciela González Centeno, identificada como “posición del PAN”, con 15 votos a favor, 3 abstenciones y 8 votos en contra. Rubén Guajardo no la dejó pasar. No hubo reclamos en tribuna, tampoco
manoteos, pero lo que siguió fue el derribo alternado de propuestas intocables del Ejecutivo y “posiciones panistas” en el Poder Judicial. El acuerdo de “toma y daca” se fue al carajo.

El jefe de la bancada tricolor, Mauricio Ramírez Konishi, se vio ingenuo como un pez; tal vez creyó que con el cobro de otro magistrado panista componían la plana: fue peor. Tarde se dieron cuenta Mauricio y el secretario general de Gobierno que le habían destapado la cesta a una cobra muy rápida de reflejos. Sí, tumbaron a otra magistrada panista, María del Rocío Hernández Cruz, pero sucede que su impulso original hace seis años ésta se lo debía a la era de poder de Héctor Mendizábal Pérez, opuesto político al interior del PAN al grupo de Guajardo Barrera. Lo mismo la ex magistrada Graciela González Centeno. El equipo del gobernador perdía más. Recomendada de manera encarecida por el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, la magistrada María
Refugio González Reyes, no pasó: 12 votos a favor y 13 en contra. Adiós “compromiso” con su esposo, el magistrado electoral Rigoberto Méndez de Lira (para lo que se pudiera ofrecer el año próximo).

Magistrada y magistrado electoral, impulsados por Cándido Ochoa Rojas en su todopoderosa etapa de secretario del gobierno torancista, ahora diputado del Verde. Mauricio reclamó. “El Caco” secretario general lamentó la barbaridad de que tiraran de tan fea manera a Cuquita.

En ese intercambio de cobro de facturas, Cándido perdería otra pieza más en sociedad con el Ejecutivo: Juan José Méndez Gatica, con 12 votos a favor, 2 abstenciones y 11 en contra. Pero el parón en frío para el Ejecutivo y su bancada fue la votación de la presidenta del Supremo Tribunal, Olga Regina García López. No iba a ajustar ni el año en el cargo si se dejaba suelta la votación en esa espiral de venganzas en caliente. Ella misma tuvo que amarrar sus compromisos con llamadas emergentes, algo que no suena mal si es el inicio de su independencia de la sombra de Cue: 21 votos a favor y 4 en contra.

Sobrevivieron tres de nueve. Seis vacantes de no ratificados y otras dos de magistrados al retiro, hacen ocho lugares apetecibles para los partidos con peso suficiente en el Congreso. Nada menos que la mitad del tribunal máximo. La priista Beatriz Benavente ya advirtió que si al 15 de octubre no hay acuerdos, van los supernumerarios. Más que una advertencia, parece que es un anuncio del Ejecutivo, para evitar el espectáculo del zoco en que se convierte cada elección de magistrados.

Puede que sea cómodo para el Ejecutivo llamar a los suplentes y evitar el jaloneo. De ninguna manera mejora el Poder Judicial. Con menos escándalo, sí, pero igual le darán otro rodeo cosmético al problema de fondo: no talento, no trayectoria profesional, no transparencia, no honestidad, no probidad y la permanencia de la mediocridad.

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