Pretendían cambiar el destino de tierras de uso común a área de asentamiento humano y con ello validar el despojo de tierras a los ejidatarios.

Tras los intentos desesperados del Comisariado Ejidal de La Pila y Anexos para llevar a cabo las asambleas en las que pretendía despojar de tierras de uso común a ejidatarios, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25, ratificó que las convocatorias y por consiguiente las asambleas no son válidas.

El Comisariado Ejidal encabezado por Pedro Adrián Martínez López como presidente, Armando Cuauhtémoc Zarate Arvizu como Secretario y Cesáreo Araujo Torres como tesorero ha insistido en realizar las asambleas, sin embargo el Tribunal Agrario los ha apercibido de no realizar dichas asambleas de lo contrario procederá en contra de ellos.

“Para el efecto de mantener las cosas en el Estado en el que se encuentran, esto es, que no se lleven a cabo las asambleas convocadas a realizarse el treinta noviembre del año en curso en el núcleo agrario denominado La Pila y Anexos, Municipio y Estado de San Luis Potosí, cuyo objeto es el cambio de destino de tierras de uso común a área parcelada, de cambio de destino de tierras de uso común a área de asentamiento humano y de adopción de dominio pleno…

Lo anterior, en el entendido que la medida concedida en autos, misma que se encuentra surtiendo  sus efectos, conlleva la no realización de las asambleas convocadas originalmente a celebrarse el día treinta de noviembre del año en curso, así como las que pudieran programarse a realizar en segunda o ulteriores convocatorias, por lo que el núcleo agrario demandado deberá acatar la medida decretada en autos y no realizar los actos que se le indica; por lo cual se requiere a las partes el debido cumplimiento a la citada medida”.

El Tribunal Unitario Agrario anteriormente había manifestado que las Asambleas no pueden realizarse debido a que el Comisariado Ejidal se encuentra cuestionado en su legitimidad, esto en referencia a que la asamblea donde fueron electos se encuentra impugnada porque no contaban con el respaldo de la mayoría de los ejidatarios.

“La medida decretada, tiene como finalidad conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daños a las partes o a la sociedad con motivo del proceso”, señala el documento al cual Región Centro tuvo acceso.

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