Durante la pasada jornada electoral en México, se reportó el asesinato de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante institutos electorales locales. Este hecho ha generado controversia y diversas interpretaciones sobre la seguridad del proceso electoral.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha señalado que la oposición está liderando campañas que acusan al gobierno de permitir el proceso electoral más violento en la historia reciente de México. Rodríguez Velázquez rechazó estas afirmaciones, sugiriendo que estas campañas tienen como objetivo desprestigiar al gobierno actual.
La secretaria también detalló las medidas de protección solicitadas por los candidatos. De 645 peticiones recibidas, 595 fueron atendidas, mientras que 50 fueron declinadas por los propios solicitantes. A la fecha, 121 candidatos electos mantienen la protección hasta que tomen posesión de sus cargos.
Rodríguez Velázquez destacó que el proceso electoral fue “muy cuidado” y estuvo vigilado por las Fuerzas Armadas, asegurando que se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos.
La secretaria reiteró que las campañas opositoras buscan generar alarma y desprestigiar al gobierno, afirmando que los comparativos con procesos electorales pasados muestran que no se trató del proceso más violento.
Una diferencia clave en este proceso electoral, según la secretaria, es que no se registraron homicidios de contendientes a cargos de elección federal ni a gubernaturas, contrastando con incidentes ocurridos en gobiernos anteriores.
Para abordar los homicidios ocurridos, las fiscalías estatales están a cargo de las investigaciones, con el objetivo de evitar la impunidad y esclarecer los hechos. La secretaria enfatizó la importancia de estos esfuerzos para mantener la integridad del proceso electoral y la confianza en las instituciones.
En conclusión, mientras la violencia electoral sigue siendo un tema de preocupación, el gobierno defiende las medidas implementadas y rechaza las acusaciones de la oposición sobre la gestión de la seguridad durante las elecciones.