Organizaciones civiles denuncian vacío institucional en el registro de crímenes de odio en México
En el marco del Día Internacional contra la LGBTfobia, diversas agrupaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado mexicano mantiene una deuda histórica al no consolidar un sistema oficial de contabilidad para los delitos motivados por prejuicios hacia la diversidad sexual y de género. Esta carencia fomenta la impunidad y obstaculiza la comprensión real de la violencia que sufre esta población.
A pesar de las deficiencias en las instituciones, monitoreos independientes de la organización LetraEse revelan que en lo que va de 2026 se han perpetrado al menos 24 homicidios presuntamente vinculados a la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. De dicha cifra, 17 casos corresponden a mujeres transgénero, un sector que se mantiene como el blanco principal de las agresiones letales.
La documentación del Observatorio de Crímenes de Odio mostró una aparente disminución de casos a nivel anual, registrando 60 homicidios en 2025 en comparación con los 80 detectados en 2024. No obstante, Samuel Jair Martínez, coordinador de investigación de Letra Ese, sugirió analizar estas variaciones con reserva, ya que responden a dinámicas complejas que no garantizan una tendencia a la baja definitiva. Las mujeres trans acumularon 35 de los 60 decesos violentos del año pasado.
Martínez detalló que, ante la omisión gubernamental de clasificar los homicidios con una perspectiva de identidad y orientación, los colectivos deben estructurar sus propios informes mediante el rastreo en plataformas digitales, prensa y redes locales. Asimismo, expuso que el entorno de riesgo se extiende a los activistas, acumulando un mínimo de 20 agresiones contra defensores de los derechos de la comunidad LGTBI+ durante los últimos tres años.
Por otra parte, las modificaciones recientes en los criterios federales para registrar la incidencia delictiva han complicado el seguimiento a largo plazo y la comparación de las tendencias de violencia, anulando una de las peticiones más recurrentes del activismo.
La violencia hacia la comunidad no se limita a los desenlaces fatales. Amy Salazar, representante del programa Identidad Sexual de la organización Balance, apuntó que manifestaciones discriminatorias cotidianas, como la lesbofobia, suelen quedar fuera del debate público. A nivel institucional, persisten inercias que revictimizan a las personas trans, tales como ignorar la identidad de género en las carpetas de investigación, clasificar los transfeminicidios como homicidios generales o emplear identidades legales previas al proceso de transición.
Estas presiones y conductas hostiles en entornos familiares o sociales conllevan repercusiones graves en el bienestar emocional de los afectados, obligándoles en muchos casos a suprimir su identidad para salvaguardar su integridad.
Un diagnóstico de la Facultad de Medicina de la UNAM ilustra el impacto en la salud mental: cerca del 80% de los varones trans y personas no binarias participantes refirieron haber experimentado ideación suicida, una problemática que también alcanzó al 60.7% de mujeres bisexuales y al 57.4% de mujeres lesbianas.
Ante un panorama donde la atención de casos mediáticos se debe principalmente al empuje de las colectivas y no a una respuesta estructural, los especialistas coinciden en que el país carece todavía de estrategias gubernamentales robustas orientadas a erradicar los prejuicios y prevenir agresiones de manera sistémica.
