En el mapa global de la movilidad humana, México ha dejado de ser solo un país de paso hacia Estados Unidos: uno de cada dos migrantes que llega al territorio nacional contempla establecerse en alguna de sus 32 entidades. Sin embargo, esa tendencia plantea un reto mayor: garantizar condiciones seguras y dignas para su integración.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca del 48% de quienes llegan son menores de edad y 42% lo hacen acompañados de sus familias. No se trata únicamente de individuos en tránsito, sino de hogares enteros que buscan reconstruir su vida desde cero.
En San Luis Potosí, el Ayuntamiento capitalino firmó un convenio con la OIM para capacitar a servidores públicos en atención humanitaria, instalar ventanillas de información y vincular a los migrantes con empleos formales. El compromiso es evitar fraudes o condiciones de explotación en sectores como el industrial, automotriz, de servicios y comercio.
Autoridades locales subrayan que ya no es la policía la primera instancia de contacto, sino áreas como el DIF Municipal, que reciben solicitudes de alimentación y acceso a escuelas. Sin embargo, especialistas advierten que aún falta claridad sobre cuántos migrantes logran integrarse efectivamente y si los programas trascienden lo asistencial para convertirse en políticas de inclusión sostenida.
El riesgo, señalan, es que la migración siga viéndose como un fenómeno coyuntural y no como un desafío estructural. La verdadera pregunta no es si México puede recibir a más migrantes, sino si existe voluntad política y social para integrarlos en condiciones de justicia y respeto a sus derechos humanos.
