El paro de actividades en el Poder Judicial de la Federación (PJF), extendido hasta el 2 de octubre, sigue generando afectaciones tanto para abogados como para la ciudadanía, señaló Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad. Según Torres Salazar, la medida “ya no tiene razón de ser”, dado que la reforma judicial que motivó la suspensión ya fue aprobada y está en ejecución.
El abogado explicó que esta interrupción afecta los procesos judiciales en curso, desde audiencias de amparo hasta juicios de garantías, lo que, en su opinión, representa una violación a los derechos humanos. Los abogados y sus clientes, que esperaban la resolución de sus casos, se enfrentan a retrasos significativos debido al paro.
Torres Salazar también advirtió que el paro tiene implicaciones económicas y sociales, ya que los procesos civiles y penales quedan en pausa, extendiendo aún más los tiempos de resolución. Hizo un llamado al Poder Judicial para que retome sus labores, destacando que la demora impacta gravemente a la ciudadanía y al gremio legal.
