El caso de Teuchitlán, Jalisco, desde el punto de vista geográfico, ha sido un tema de interés debido a sus implicaciones legales y su impacto en el patrimonio cultural, el medio ambiente y el desarrollo urbano. Teuchitlán es una pequeña localidad en el estado de Jalisco, México, conocida por albergar la zona arqueológica de Guachimontones, un complejo prehispánico con estructuras circulares únicas en Mesoamérica. Se cree que esta área fue el centro de una civilización que floreció entre el 300 a.C. y el 900 d.C., desarrollando una organización social y ritual específica. En 2006, Guachimontones fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo que implicó una mayor protección y regulación en su uso. Sin embargo, la cercanía del sitio arqueológico con propiedades privadas y desarrollos urbanos ha generado conflictos legales y ambientales.
El caso de Teuchitlán tiene varias implicaciones legales que afectan tanto a los derechos de los propietarios como a la conservación del patrimonio cultural.
En marzo de 2025, se descubrió un rancho en Teuchitlán, Jalisco, que funcionaba como centro de exterminio y entrenamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el lugar se hallaron restos humanos calcinados, tres hornos clandestinos, y numerosos objetos personales, como ropa y calzado, pertenecientes a las víctimas.
Familiares de desaparecidos identificaron pertenencias de sus seres queridos entre los objetos encontrados, lo que aumentó la esperanza de obtener respuestas sobre su paradero. La Fiscalía General de la República (FGR) denunció omisiones graves por parte de las autoridades locales en la investigación inicial. Según el fiscal Alejandro Gertz Manero, no se procesaron adecuadamente vehículos encontrados en el sitio, algunos de ellos robados; no se realizaron análisis químicos para determinar el uso de las zanjas como crematorios; y no se investigaron posibles vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado. Además, los servicios periciales de Jalisco no emitieron dictámenes definitivos sobre la antigüedad e identidad de los restos humanos, incluso seis meses después del hallazgo.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció reformas para unificar y fortalecer los registros de identificación y forenses de personas desaparecidas, buscando mejorar la coordinación entre fiscalías y servicios forenses en todo el país. Estas medidas incluyen la creación de una Base Nacional Única de Información Forense y la apertura inmediata de investigaciones sin esperar 72 horas.
Este caso ha generado críticas hacia la administración de Sheinbaum por su manejo de la crisis de seguridad en el país, evidenciando la necesidad de una respuesta más efectiva ante la problemática de las desapariciones forzadas y la violencia del crimen organizado.
