El Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley del Infonavit. El dictamen fue avalado en lo general con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones Con el fin de atender la desigualdad en el acceso a viviendas adecuadas, Incorporándose la figura de arrendamiento social, la cual permite un alquiler a bajo costo, además, la construcción de vivienda tendrá como objetivos el desarrollo económico y la generación de empleos.
Entre críticas de las bancadas de oposición quienes consideran que se trata de una simulación que afectará a los ahorros de los trabajadores, con la mayoría de votos del bloque oficialista formado por Morena y sus aliados: el Partido Verde y el Partido del Trabajo, el Congreso ha sacado adelante una batería de cambios a la legislación.
Las reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo señalan que los recursos del Infonavit o bajo su administración se destinarán a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.
Además, de forma periódica, el Infonavit informará en su página de internet sobre la “situación financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, así como los riesgos, relacionados con el fondo que contiene los recursos y de su empresa filial, sus proyectos de construcción, proveedores contratados por aquella, entre otros asuntos que estime conveniente”. Señala que la construcción de vivienda que realice el instituto fomentará el desarrollo económico local y la generación de empleos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisará y vigilará las operaciones de crédito que celebre el Instituto con las personas trabajadoras derechohabientes, estableciendo un sistema de programas de autocorrección en caso de que exista algún incumplimiento de las normas aplicables.
La fiscalización del Instituto estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, la cual será competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y administración de su patrimonio, el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria. Subraya que las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores son inviolables y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización alguna.
Uno de los principales cambios es el referente a la regulación de los recursos y la administración de los créditos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cázares, (Morena) detalló que entre los cambios realizados se encuentra que los integrantes de los órganos colegiados no recibirán remuneración por el desempeño de sus actividades. Aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantendrá su función fiscalizadora sobre el Instituto.
A nombre de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo (Morena) resaltó que el proyecto permitirá el derecho humano a una vivienda adecuada. Mencionó que la propuesta establece en el artículo 66 que la emisión de las normas estará a cargo de la SHCP y la CNBV.
Esperemos se cumplan las expectativas de dicha reforma.
