El Senado de Estados Unidos autorizó una nueva inyección de recursos por unos 70 mil millones de dólares para las agencias migratorias, en una decisión que fortalece la ofensiva del presidente Donald Trump en materia de detenciones, deportaciones y control fronterizo durante los próximos tres años de su mandato.
De acuerdo con información publicada por El País, el proyecto fue aprobado la madrugada de este viernes con 52 votos a favor y 47 en contra, tras una extensa sesión legislativa iniciada el jueves. El bloque republicano votó unido, mientras que la senadora Lisa Murkowski, de Alaska, fue la única republicana que se sumó a los demócratas para rechazar el paquete.
La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan con mayoría y se prevé que avance sin mayores obstáculos. Con ello, Trump obtiene una victoria política después de semanas de negociaciones y resistencias internas dentro de su propio partido por otros componentes incluidos en la discusión presupuestal.
Uno de los puntos que más tensión provocó entre los republicanos fue la propuesta de crear un fondo de compensación de mil 776 millones de dólares para indemnizar a aliados de Trump que, según el mandatario, fueron tratados injustamente durante la Administración de Joe Biden. También generó fricciones la insistencia presidencial de destinar mil millones de dólares federales a su proyecto de construir un salón de baile en la Casa Blanca.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, reconoció que esas diferencias retrasaron la aprobación. “Esto se habría resuelto hace varias horas si no hubiéramos tenido que lidiar con algunas cuestiones relacionadas con el fondo”, declaró poco antes de la medianoche.
Pese a las reservas de algunos legisladores republicanos, la mayoría terminó respaldando el proyecto mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar ciertas iniciativas sin apoyo demócrata. Durante la sesión se presentaron numerosas enmiendas de la oposición, pero ninguna fue aprobada.
El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, criticó duramente la decisión al señalar que la legislación exhibe las prioridades del oficialismo. “Esta noche, los republicanos del Senado aprobaron un proyecto de ley corrupto que deja dolorosamente claras sus prioridades: más dinero para Donald Trump, más poder para Donald Trump, y nada para reducir los costos de las familias trabajadoras”, afirmó.
Los demócratas también intentaron incluir medidas para reducir costos de Medicaid y cuidado infantil, así como reformas a las agencias migratorias, pero sus propuestas fueron rechazadas. La falta de cambios en el ICE y la Patrulla Fronteriza fue uno de los principales motivos de oposición, debido a denuncias por abusos durante operativos de detención y deportación.
Las exigencias de reforma crecieron después de la Operación Metro Surge, desplegada en Minneapolis, donde agentes migratorios utilizaron gases lacrimógenos y balas de pimienta contra manifestantes que se oponían a redadas. La indignación aumentó tras la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, quienes fueron tiroteados por agentes migratorios en enero.
Entre las reformas exigidas por los demócratas se encontraban prohibir que los agentes cubrieran sus rostros con máscaras, obligarlos a portar identificación visible y exigir órdenes judiciales para ingresar a domicilios. Sin embargo, esas condiciones no fueron incorporadas al paquete aprobado por el Senado.
Los nuevos 70 mil millones de dólares se suman a los 170 mil millones previamente asignados a las agencias migratorias mediante la ley fiscal conocida como Big Beautiful Bill. Parte de los recursos se destinará a ampliar camas en centros de detención del ICE, espacios donde organizaciones y migrantes han denunciado hacinamiento y condiciones deficientes.
La aprobación ocurre además en medio de preocupación por la transparencia en torno a las muertes bajo custodia migratoria. Según el texto atribuido a El País, el ICE eliminó el requisito de reportar fallecimientos ocurridos dentro de los 30 días posteriores a la liberación de personas detenidas, una política instaurada durante el Gobierno de Biden para revisar posibles consecuencias del trato recibido en centros de detención.
En los primeros cinco meses del año se han registrado 18 muertes bajo custodia del ICE, una cifra que podría superar el saldo del año anterior, cuando se reportaron al menos 30 fallecimientos, el número más alto en dos décadas. Con la nueva autorización presupuestaria, la Administración Trump fortalece su capacidad operativa, mientras la oposición advierte que el aumento de recursos sin controles adicionales puede profundizar los abusos denunciados.
