La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche ha presentado una nueva solicitud formal de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, exgobernador de esa entidad y actual dirigente del PRI, por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su administración (2015–2019). Esta es la segunda petición en su contra, luego de una previa de 2022 por enriquecimiento ilícito.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados revisará la solicitud este viernes 1 de agosto. Se contempla desechar la primera petición archivada y avanzar con la segunda, lo que podría dejar a Moreno sin fuero constitucional y allanarle el camino a un proceso penal.
“El proceso es una persecución política brutal contra mi persona”, ha declarado Moreno Cárdenas. Añadió que existen amparos definitivos que invalidan la primera solicitud y calificó los señalamientos como “inventos”, para anunciar contrademandas contra dirigentes de Morena.
Organizaciones como COPPPAL, de la que “Alito” es presidente, han denunciado ante la ONU y el Parlamento Europeo que la solicitud forma parte de una estrategia para silenciarlo como voz opositora. Se busca solicitar medidas cautelares en su favor.
El contexto político marca que Morena y sus aliados dominan la Cámara baja, por lo que el dictamen podría ser favorable al desafuero. De aprobarse, Moreno quedaría expuesto a procesos judiciales y perdería su inmunidad de senador.
