La Delegación de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí, bajo la dirección de Guillermo Morales López, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por la filtración de bases de datos de beneficiarios de programas sociales, especialmente adultos mayores, quienes han sido víctimas de extorsiones y fraudes. Aunque la dependencia se apresura a culpar a exempleados, este nuevo escándalo exhibe la incapacidad del delegado y su equipo para garantizar la seguridad de la información sensible de miles de personas vulnerables.
La propia delegación reconoce que los exservidores públicos aprovecharon su acceso a datos personales para contactar a los beneficiarios y exigir depósitos a cambio de supuestos aumentos en sus pensiones. Sin embargo, en lugar de asumir su responsabilidad, Bienestar busca deslindarse de los hechos, cuando el manejo negligente de la información fue posible gracias a la falta de controles y supervisión efectiva.
El anuncio de que la Secretaría presentó denuncias y trabaja con la Guardia Civil Estatal llega tarde y parece más un intento de limpiar su imagen tras la evidente omisión de sus autoridades, que un verdadero esfuerzo por proteger a los adultos mayores. Mientras tanto, cientos de abuelitos podrían ya haber sido estafados con promesas falsas de incrementos en sus apoyos, ante la pasividad inicial del delegado Guillermo Morales.
Este caso refleja el desorden y la ineficiencia en la Delegación del Bienestar en San Luis Potosí, donde los programas sociales, en lugar de ser un apoyo, terminan convirtiéndose en un riesgo para los beneficiarios más vulnerables. Urge una investigación independiente que determine las responsabilidades de los funcionarios que permitieron este grave fallo en la protección de los datos y se garantice que no se repita una situación tan lamentable.
