SANTA MARÍA DEL RÍO. – La campaña reciente para sancionar a motociclistas que circulan sin casco en Santa María del Río ha generado un intenso debate entre la ciudadanía, luego de que vecinos señalaran que varias patrullas municipales carecen de placas de circulación, incumpliendo con el mismo reglamento que buscan hacer cumplir.
El tema escaló rápidamente en redes sociales, donde usuarios difundieron fotografías de las unidades oficiales circulando por el municipio sin placas visibles, cuestionando la legitimidad de los operativos que imponen multas económicas a motociclistas, mientras las propias autoridades no cumplen con la normativa.
Frente a la controversia, la alcaldesa de Santa María del Río abordó el tema en una transmisión en vivo a través de redes sociales, donde admitió que las unidades no cuentan aún con placas debido a que el trámite correspondiente sigue en proceso, a más de ocho meses del inicio de su administración.
En su explicación, la edil aclaró que las patrullas pertenecen al Gobierno del Estado y que el Ayuntamiento únicamente las tiene en resguardo, por lo que la regularización de los vehículos oficiales depende de una gestión estatal pendiente. Añadió que esta situación no es exclusiva de Santa María del Río, y que ocurre también en otros municipios potosinos.
Sin embargo, las explicaciones no han sido suficientes para varios sectores de la población.
En comentarios publicados en diversas plataformas, habitantes del municipio exigen que se privilegien las campañas de concientización antes de recurrir a sanciones económicas, especialmente en comunidades donde el uso de motocicletas es alto y muchas familias dependen de este medio de transporte.
“Estamos de acuerdo en que se deben respetar las leyes, pero también que el gobierno predique con el ejemplo”, comentó un ciudadano en una publicación local que ha sido ampliamente compartida.
Otros señalan que el operativo debería posponerse hasta que las patrullas estén en regla, ya que su estado actual mina la autoridad moral y legal de quienes aplican las infracciones. “No se puede exigir orden si desde el poder se actúa en la irregularidad”, apuntó otro usuario.
Por lo pronto, la campaña de sanciones continúa, pero la presión social sigue creciendo, convirtiéndose en un tema sensible que expone tanto la necesidad de aplicar el reglamento como la urgencia de que el gobierno cumpla también con su propia legalidad.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue pidiendo coherencia y transparencia, elementos clave para restablecer la confianza en las autoridades municipales.
