Entre 2020 y lo que va del 2025, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) atendió en San Luis Potosí a 173 personas como víctimas indirectas de desaparición, de las cuales tres familias tuvieron que abandonar sus comunidades —entre ellas en Cárdenas y Ciudad Valles— debido a amenazas y hostigamiento.
Aunque se brindaron apoyos como alojamiento, alimentos, asistencia médica y fichas de búsqueda, no existen protocolos específicos para la reubicación segura ni para atender el trauma del desplazamiento, lo que mantiene a estas familias en condición de vulnerabilidad.
La mayoría de los casos corresponden a desapariciones cometidas por particulares (86.2%), mientras que las forzadas representan el 13.8%. El año con más víctimas indirectas fue 2023, con 45.
Organizaciones advierten que la falta de coordinación entre la CEEAV, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda deja a las víctimas atrapadas en trámites dispersos, sin acceso pleno a justicia ni reparación. El desplazamiento forzado, aunque marginal en cifras, es reflejo de la crisis de seguridad y del vacío institucional en la entidad.
