La mayoría de la 4T avaló cambios al régimen de concesiones y nuevas facultades para Conagua; Oposición denuncia incertidumbre y centralización del recurso
A pesar de las protestas de agricultores que rodearon San Lázaro con tractores y de la exigencia opositora para aplazar la discusión, Morena y sus aliados aprobaron en lo general la reforma que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley Nacional de Aguas. La votación cerró con 328 sufragios a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, en una sesión marcada por acusaciones cruzadas y señalamientos sobre un “madruguete”.
La reforma elimina la transmisión automática de derechos de agua y crea el mecanismo de “Reasignación de Volúmenes”, que dependerá de la autorización del Comité del nuevo Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, presidido por el titular de Conagua e integrado por varias secretarías federales. Además, otorga a la Comisión Nacional del Agua facultades para emitir medidas y acuerdos ante emergencias, escasez, sobreexplotación o riesgos a la seguridad hídrica.
El dictamen introduce el concepto de “uso agropecuario familiar”, amplía el plazo para solicitar prórrogas de concesiones a dos años antes de su vencimiento y crea nuevos delitos relacionados con el manejo del agua, como el traslado doloso, la alteración o desvío de cauces o el otorgamiento de permisos a cambio de beneficios. También incrementa multas, aunque exceptúa a quienes realicen actividades para uso personal, doméstico o agropecuario familiar.
Legisladores de Oposición advirtieron que los cambios generan inseguridad jurídica y centralizan la administración del agua en la Federación. El priista Humberto Ambriz sostuvo que la reforma separa la tierra del agua al impedir la transferencia automática de derechos, mientras que el panista Paulo Gonzalo Martínez señaló que la iniciativa carece de claridad, introduce más de 90 cambios de última hora y deja a los productores en incertidumbre al restringir la reposición de pozos y criminalizar actividades del campo.
La panista Annia Sarahí Gómez acusó que la reforma convierte al campesino en sospechoso, mientras denunciaba presunto acaparamiento de agua por parte de figuras políticas. En respuesta, el morenista Gabriel García exhibió cárteles del llamado “cártel del agua” y señaló a exmandatarios como César Duarte y Vicente Fox.
El oficialismo defendió que la reforma fortalece el derecho humano al agua, reconoce sistemas comunitarios y protege la pequeña propiedad. Afirmó que las reasignaciones no afectarán a productores sin su consentimiento y que el Fondo de Reserva permitirá planificación hídrica a largo plazo.
