Por: Adriana Ochoa
Siete detenciones con mucho ruido para culpar a los involucrados del quebranto en Pensiones, no van a devolver todo lo que el Gobierno del Estado le debe en cuotas no pagadas a los fondos de seguridad de sus empleados. Ya se los dejaron claro varias voces.
Unas semanas después de la detención de Mónica Rangel Martínez, ex secretaria de Salud y ex contrincante electoral del gobernador como candidata de Morena a la gubernatura, desde Monterrey se buscaron enlaces para contactar con algún funcionario lo suficientemente cercano del jefe del Ejecutivo para plantear un acuerdo reparatorio.
La acusación de desvío de recursos y compra simulada de precursores contra el dengue que la Fiscalía gallardista dirigió contra Rangel involucraba desde luego a la empresa vendedora, con sede en Monterrey, Public Healthy Supply and Equipment de México, y a empleados de ésta.
En la presión y encarnizamiento para que también se declare “culpable” el colaborador y sucesor de Mónica Rangel en la secretaría de Salud, el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, encuentra cierto tufo monetario más que de justicia. Se le liga también con operaciones ilícitas con el proveedor de insumos con sede en Monterrey. Lutzow gana amparos y la Fiscalía vuelve a atacar, haya sido como haya sido. No hay ningún “cómplice” de Lutzow bajo proceso, pero se le acusa de “asociación delictuosa” para que no pueda salir. Lutzow entonces vale preso pero declarado culpable para encaminar otro “acuerdo reparatorio” en procedimiento abreviado. Como el médico se niega a declararse culpable, no hay arreglo monetario ni libertad posibles.
Los huecos en la transparencia de las acusaciones, los procesos y la reparación del daño achacada a Mónica Rangel, y presionada a Lutzow, vuelven a como nubecillas sobre la detención de siete personas, entre ex funcionarios medianos de la Dirección de Pensiones y un directivo bancario, acusados de defraudar 200 mdp o 700.
El gobernador se apresuró a decir que se “recuperarían” mil millones de la venta de bienes incautados a los detenidos, entre ellos autos, bienes inmuebles y joyas. En entrevista, el abogado Jorge Chessal Palau, precisó que de procesos como éste, no se puede vender ningún bien hasta no conseguirse una sentencia contra el acusado, lo que se ve lento. La otra posibilidad es la autodeclaración de culpabilidad de los detenidos, para abreviar, y que ellos, no el Gobierno, enajenen sus bienes para pagar.
Por otro lado, la reacción de sindicatos de burócratas estatales, representantes empresariales, diputados locales y representantes sociales ha sido muy coincidente ante el ruido y propaganda que han procurado contra las detenciones: paguen ya lo referente a las deudas que arrastran con los fondos de pensiones y de otras prestaciones para la burocracia estatal y profesores.
Lejos de alborotar y aplaudir como focas las detenciones, le metieron duda para hacer notar que el caso no les convence, es una estratagema o una cortina de humo para distraer sobre los 4 mil millones de pesos que Gobierno del Estado simplemente no ha pagado a la Dirección de Pensiones pero sí ha descontado a los trabajadores. Lo importante, fue el mensaje central, es que el faltante en Pensiones, sea que lo hayan sustraído o no lo hayan depositado cuando tocaba hacerlo, vaya a Pensiones.
Puestos a perseguir roedores de cuello blanco y hacer justicia, conviene que lo hagan mejor, con más transparencia y claridad, además de trazabilidad del dinero recuperado, si es que lo hay.
El ruido para confundir funciona una vez o dos. Es un recurso que se gasta rápido. En esta, parece que dejó más dudas que certezas.
