El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha lanzado una advertencia dirigida a funcionarios y exfuncionarios con cuentas pendientes, sobre la proliferación de despachos de “asesores”, popularmente conocidos como coyotes, que se han infiltrado en los municipios de todo el Estado. Estos despachos, hasta 30 detectados en el proceso de auditoría de las cuentas públicas 2023, se presentan como especialistas en la resolución de observaciones financieras, pero el organismo fiscalizador advierte que su contratación puede agravar aún más los problemas.
Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE, señaló que estos “gestores” ofrecen servicios para el “arreglo de Cuentas Públicas”, pero subrayó que “nadie arregla Cuentas Públicas, solo el IFSE fiscaliza y determina si una observación fue desahogada de manera satisfactoria o no, y lo hacemos en el marco de la legalidad, de manera responsable y basándonos en acciones que forman parte de un proceso basado en las leyes de la materia”.
Lecourtois López calificó a estos supuestos especialistas como “vivales, extorsionadores y/o estafadores” que explotan la vulnerabilidad de los Ayuntamientos. Añadió que muchos de estos despachos están encabezados por exfuncionarios del propio IFSE u otras instancias públicas, lo que les permite conocer los procedimientos sin que realmente resuelvan las irregularidades, dejando a los entes auditados en situaciones aún más complicadas.
Para contrarrestar esta problemática, el Auditor Superior del Estado informó que el IFSE ha intensificado su campaña de concienciación entre los alcaldes, instándolos a no caer en manos de estos “coyotes”. Les recordó que el Instituto está abierto a brindar la asesoría necesaria para solventar cualquier irregularidad de manera legal y efectiva.
Finalmente, Lecourtois exhortó a quienes se vean afectados por estos despachos a que acudan directamente al IFSE o utilicen los canales de denuncia habilitados en las redes sociales institucionales, para evitar caer en manos de personas que solo buscan su beneficio económico a expensas de la legalidad y la transparencia en el manejo de recursos públicos.
