Desde hace tres semanas, 19 mujeres privadas de la libertad fueron trasladadas nuevamente al Centro de Reinserción Social número 1 La Pila, en San Luis Potosí, tras obtener un amparo promovido por sus 27 hijos e hijas. Antes de esto, habían sido reubicadas al penal de Xolol, en la Huasteca, a más de 300 kilómetros de la capital potosina.
A su regreso, las internas han señalado que enfrentan hostigamiento, amenazas y castigos por parte del personal de seguridad, particularmente de las custodias. Las familias aseguran que las mujeres son intimidadas constantemente con ser devueltas a Xolol y obligadas a realizar labores inusuales bajo el sol, como cortar pasto o pintar, además de recibir reportes arbitrarios.
Entre las denunciadas por las mujeres se encuentra una oficial identificada como Angélica Méndez, quien presuntamente ha sido especialmente hostil. Los familiares temen que se estén generando provocaciones intencionales para justificar sanciones o nuevos traslados, pero las internas han optado por mantenerse tranquilas y ocupar su tiempo en talleres y actividades educativas.
Las condiciones no son iguales para todas. A las 19 mujeres recién llegadas no se les permite colocar tul en las rejas, afectando su privacidad y descanso, mientras que otras sí gozan de este derecho. Además, las visitas familiares se han vuelto más complicadas, con requisitos burocráticos excesivos y exigencias poco realistas, como llevar forzosamente a los hijos menores.
En respuesta, las familias de estas internas se han unido para exigir un trato digno y condiciones equitativas para todas las mujeres privadas de su libertad. Denuncian una política penitenciaria desigual y discriminatoria que perpetúa la violencia institucional dentro del sistema carcelario potosino.
Por si fuera poco, han comenzado a circular reportes sobre un censo de mujeres sin hijos dentro de La Pila, con miras a trasladarlas a Xolol. Esta decisión ha generado alarma, pues el penal de la Huasteca presenta graves deficiencias estructurales y sanitarias, y muchas mujeres aún están alejadas de sus hijos, abogados y jueces.
El Colectivo de familiares de mujeres privadas de la libertad ha denunciado estas reubicaciones como actos autoritarios, sin previo aviso ni justificación clara. Señalan que el penal de Xolol sufre de agua escasa, comida de mala calidad, plagas, fallas eléctricas y un deficiente sistema de atención médica, lo que agrava las condiciones de reclusión.
Las autoridades justifican estos traslados como respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la separación de mujeres y hombres en las cárceles. No obstante, colectivos y familiares consideran que esta medida ha derivado en aislamiento, falta de atención y ruptura de los vínculos familiares.
Frente a ello, el Colectivo exige la intervención de autoridades federales y la supervisión de organizaciones de derechos humanos. Piden que se respete el principio de proximidad familiar, se corrijan políticas penitenciarias discriminatorias y se garantice una vida digna para todas las mujeres privadas de su libertad en San Luis Potosí.
