En el Poder Judicial de San Luis Potosí, una serie de protestas han estallado, con jubilados y trabajadores demandando el pago de prestaciones pendientes. Los manifestantes, quienes consideran haber sido traicionados por la institución a la que dedicaron gran parte de sus vidas, aseguran que el retraso en los pagos se extiende desde 2023.
Los afectados, que llevan más de dos años luchando por recibir sus liquidaciones y estímulos por años de servicio, se sienten frustrados por la falta de respuestas concretas de las autoridades. A pesar de repetidas visitas a la recepción de Presidencia y conversaciones con consejeros, solo han obtenido la respuesta de que “no hay dinero”.
Los jubilados han expresado su desilusión con el Poder Judicial, que fue su empleador durante décadas. La falta de acción ha sido especialmente dolorosa, ya que algunos jubilados han fallecido sin recibir los pagos que les correspondían y muchos otros se encuentran en situaciones económicas difíciles. La situación se agrava por la percepción de desigualdad en el reparto de pagos, ya que algunos empleados recientes han recibido su dinero mientras que los más antiguos siguen esperando.
Desde el 7 de agosto, los jubilados han iniciado un plantón permanente exigiendo la liberación de los recursos necesarios para saldar los adeudos. También han solicitado la intervención de Derechos Humanos, argumentando que sus derechos están siendo violados y su situación se ha vuelto insostenible.
Más de 100 personas se ven afectadas por esta crisis, generando una profunda decepción entre los jubilados. La falta de soluciones ha llevado incluso a algunos trabajadores activos a posponer su jubilación, temiendo enfrentar la misma problemática.
