La implementación de la llamada Ley Silla ha generado opiniones divididas entre los sectores productivos en San Luis Potosí. Desde el 9 de diciembre, cuando se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, comenzaron a correr los 180 días para que las empresas adapten sus espacios laborales a las nuevas disposiciones, que garantizan a los trabajadores el derecho a una silla con respaldo para descansar durante su jornada.
Por parte del sector restaurantero, representado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), su presidente Alejandro Espinosa Abaroa consideró que esta ley es innecesaria. Argumentó que muchos negocios ya ofrecen periodos de descanso e incluso prestaciones adicionales, como áreas de esparcimiento o la posibilidad de realizar trabajo remoto. Sin embargo, reconoció que puestos como los de meseros y cocineros suelen implicar largas horas de pie.
Desde el punto de vista del sector obrero, la reforma es vista como un logro significativo. César Arturo Lara Rocha, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en San Luis Potosí, destacó que la Ley Silla busca corregir prácticas laborales que perjudicaban la salud de los trabajadores, particularmente en el comercio y los servicios. Lara Rocha mencionó que ya se realizan análisis de ergonomía en empresas industriales para implementar esta medida de manera efectiva.
El debate también se centra en el alcance real de la medida. Mientras que algunos empresarios la califican como una medida simbólica, los sindicatos la consideran un avance hacia la equidad y la justicia en el trabajo. El secretario general de la CROM aseguró que los ajustes a la ley permitirán prevenir problemas de salud como la lumbalgia, mejorando el bienestar de los empleados a largo plazo.
La implementación de la Ley Silla requerirá un esfuerzo coordinado entre empresas y sindicatos para cumplir con las nuevas disposiciones sin afectar la productividad. Aunque las posturas son contrastantes, ambos sectores coinciden en la importancia de garantizar condiciones laborales dignas, buscando siempre un equilibrio entre las necesidades del mercado y la salud de los trabajadores.
