Líderes empresariales en San Luis Potosí expresaron nuevamente su desacuerdo con la reforma judicial que está por votarse en el Senado, señalando que la incertidumbre política generada ha tenido un impacto económico negativo. Alejandro Espinosa Abaroa, presidente de Canirac, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, de Coparmex, y Francisco Eduardo Naif Gallegos, de AMPI, coincidieron en que la propuesta actual no brinda la certeza jurídica que el sector empresarial necesita para mantener inversiones activas en el país.
Espinosa Abaroa señaló que los empresarios no rechazan la idea de una reforma judicial, sino que la actual propuesta es vista como perjudicial para México, afectando la estabilidad de las inversiones. Además, mencionó que el estudio legislativo en la Cámara de Diputados parece haber sido insuficiente, lo que ha generado un descontento dentro del sector.
Por su parte, Ortuño Díaz Infante consideró preocupante que, según denuncias, partidos políticos y actores ajenos al proceso legislativo estarían intentando influir en la votación de los senadores. Hizo un llamado a los legisladores para que los cambios a la Constitución y otras leyes sean consensuados, ya que las decisiones afectan a todos los ciudadanos. También exhortó a los senadores de San Luis Potosí a detener la reforma y promover un análisis más exhaustivo del sistema judicial.
Naif Gallegos, presidente de AMPI, expresó inquietud por modelos judiciales que han fracasado en países como Bolivia y Venezuela, y rechazó la propuesta de elegir jueces y magistrados mediante voto popular, argumentando que esta medida podría llevar a decisiones incorrectas si los ciudadanos votan basándose en factores ajenos a la capacidad judicial.
Finalmente, los empresarios recalcaron que la falta de certidumbre política ha generado un ambiente adverso para las inversiones, justo cuando México tiene un rol clave en el contexto del nearshoring.
