México extraditó a 26 personas vinculadas al narcotráfico a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los reos, recluidos en diversos penales mexicanos, enfrentan cargos por tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el crimen organizado. La operación se realizó bajo estrictos protocolos que garantizan el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso, conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los extraditados. Esta acción refleja la cooperación bilateral entre ambos países.
La extradición se llevó a cabo tras negociaciones con la administración de Donald Trump, quien ha priorizado el combate al tráfico de fentanilo. Los 26 individuos, considerados un riesgo para la seguridad pública, incluyen miembros de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. La entrega se realizó en diversos puntos fronterizos, siguiendo un esquema similar al de febrero de 2025, cuando México extraditó a 29 capos, incluido Rafael Caro Quintero. El proceso, descrito como “traslado” por algunos medios, evita los procedimientos tradicionales de extradición para agilizar la cooperación. El Gabinete de Seguridad mexicano ofrecerá más detalles en una conferencia el 13 de agosto.
El compromiso de no aplicar la pena de muerte responde a las leyes mexicanas, que prohíben la pena capital, y fortalece la colaboración bilateral. Esta garantía ha sido clave en acuerdos previos, como la extradición de Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. La presión de Trump, que incluye amenazas de aranceles del 25% a productos mexicanos, ha acelerado estas acciones. México, a su vez, busca evitar sanciones económicas mientras refuerza su lucha contra el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la legalidad de estas entregas, destacando motivos de seguridad nacional.
La operación ha generado reacciones mixtas. Mientras el gobierno mexicano y la embajada estadounidense celebran el “hito” en la lucha contra el narcotráfico, algunos expertos critican la opacidad en los nombres de los extraditados. La falta de información detallada alimenta especulaciones sobre posibles irregularidades legales, como ocurrió en la extradición de febrero. En redes sociales, usuarios han expresado preocupación por el impacto en la seguridad local, temiendo represalias de los cárteles. La designación de cárteles como organizaciones terroristas por parte de EU añade tensión al escenario. La conferencia del 13 de agosto podría aclarar estos puntos.
Este traslado refuerza la estrategia de México para responder a las demandas estadounidenses sin comprometer su soberanía, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sin embargo, la creciente militarización de la frontera y la presión de EU plantean desafíos para la cooperación a largo plazo. La extradición masiva, sumada a la devolución de 14 reos mexicanos por EU el día anterior, evidencia un intercambio penitenciario activo. La población espera que estas acciones reduzcan la violencia asociada al narcotráfico. El futuro de estas operaciones dependerá de los acuerdos bilaterales y la estabilidad regional.
