La migración de San Luis Potosí a Estados Unidos, históricamente vista como una vía de progreso, enfrenta una realidad adversa. Miles de potosinos de municipios como Venado, Charcas, Vanegas, Moctezuma y Matehuala han dejado de enviar remesas para depender de sus familias en México, quienes ahora les envían recursos ante un entorno hostil en EUA.
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, las políticas migratorias se han endurecido. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en los primeros cien días de su administración se detuvieron a más de 158 mil personas, muchas de origen mexicano. La Operación Safeguard se reactivó, permitiendo redadas en ciudades santuario, y la Ley Laken Riley obliga a detener a indocumentados por cualquier delito. Las redadas ahora incluyen espacios como iglesias, hospitales y escuelas, mientras que los caseros enfrentan presiones para delatar a inquilinos.
Esta situación ha deteriorado las condiciones de vida de los migrantes potosinos. Muchos han perdido empleos por temor a ser detectados, optando por recluirse en sus hogares. Antes, enviaban entre 300 y 500 dólares mensuales a sus familias; ahora, reciben entre 100 y 200 dólares desde el Altiplano para cubrir necesidades básicas como renta o alimentos. Ofelia R., de Moctezuma, relató que su familia vendió una parcela para apoyar a su hijo en Houston, quien no puede trabajar debido a las redadas.
A pesar de que San Luis Potosí recibió 450 millones de dólares en remesas en el primer trimestre de 2025, un aumento del 3.2 por ciento respecto al año anterior, el flujo de dinero ahora es bidireccional. Las familias potosinas enfrentan sacrificios para sostener a sus seres queridos, atrapados en un sueño americano que se ha transformado en una lucha por la supervivencia frente a la amenaza de deportación.