La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó el martes que «muchos migrantes ilegales están haciendo el trabajo de los cárteles» mexicanos, afirmación que realizó durante una conferencia conjunta con Robert Murphy, director interino de la DEA. Sin embargo, Bondi no aportó evidencia documental ni bases jurídicas que respalden estas severas imputaciones.
Durante el mismo evento se anunciaron los resultados de la “Operación Recuperemos Estados Unidos”, desplegada el 4 de julio en al menos siete estados, con decomisos récord de drogas, incluidos fentanilo, metanfetamina y carfentanilo. Se incautaron 10 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al Cártel de Sinaloa en Miami; 40 000 pastillas de fentanilo y armas automáticas en Omaha; y más de 71 kg de fentanilo y 20 kg de metanfetamina cerca de la Universidad de Carolina del Sur.
Murphy también alertó sobre el descubrimiento de 320 kg de metanfetamina en Georgia, ocultos entre pepinos y otros envíos; además de otros decomisos de gran escala en Minnesota y California.
Expertos, como el Cato Institute, advierten que la mayoría de traficantes condenados por fentanilo son ciudadanos estadounidenses —86 % en 2021— y no migrantes, quienes suelen enfrentar mayores controles. Insight Crime añade que antaño los migrantes eran utilizados para transportar marihuana, pero no con drogas sintéticas más rentables como el fentanilo.
A falta de pruebas concretas que vinculen a migrantes con las estructuras criminales, la acusación de la fiscal Bondi genera críticas sobre un posible uso político del discurso contra los migrantes, en vez de fundamentarse en pruebas jurídicas. Mientras tanto, las incautaciones muestran una preocupación legítima por la crisis de opioides en Estados Unidos, aunque vincular directamente a migrantes sin evidencias lo convierte en un tema polémico y potencialmente discriminatorio.
