El pasado sábado 14 de diciembre, un chofer de la ruta 23 del transporte público de la Zona Metropolitana atropelló a un niño de nueve años, quien ahora permanece hospitalizado en el Hospital Central debido a las graves heridas sufridas. A pesar de la gravedad del incidente, tanto las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como la empresa concesionaria del transporte público han sido acusadas de encubrir al presunto responsable, dejando sin respaldo legal al menor y su familia.
Según los familiares del menor, identificado como Jhovany, el accidente ocurrió en la intersección de Avenida Reforma y Damián Carmona. El impacto dejó al niño con fracturas severas en la pelvis, la cadera y una pierna, lo que ha requerido hospitalización y atención constante. Sin embargo, los familiares denuncian que el Hospital Central enfrenta problemas de desabasto de medicamentos, agravando las complicaciones de salud del pequeño.
A pesar de los esfuerzos de la familia por obtener justicia, señalan que ni la empresa responsable de la unidad ni las autoridades correspondientes han asumido su parte. La falta de apoyo para cubrir los gastos médicos y legales ha dejado a los familiares en una situación crítica, lo que los llevó a recurrir a redes sociales para visibilizar el caso y exigir acciones inmediatas.
Este lamentable incidente ha puesto nuevamente en el foco la deficiente supervisión del transporte público en la ciudad. Entre choques, atropellamientos, asaltos y malos tratos, los usuarios del servicio continúan expresando su descontento, mientras que la SCT enfrenta severas críticas por su incapacidad para garantizar un transporte seguro y eficiente.
Por su parte, la familia de Jhovany ha hecho un llamado urgente a las autoridades y a la opinión pública para obtener el apoyo necesario que les permita cubrir los gastos derivados del tratamiento médico del menor, quien sigue en estado crítico. Hasta el momento, su exigencia de justicia y solidaridad sigue sin respuesta por parte de las instancias responsables.
Este caso es un recordatorio de la necesidad de una reforma integral en el sistema de transporte público que priorice la seguridad y el bienestar de los usuarios, especialmente de los sectores más vulnerables como los niños.
