La Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí, encabezada por Guillermo Morales López, está en el centro de la polémica tras denuncias por el presunto desvío de más de 5 millones de pesos durante la veda electoral de abril y mayo de 2024. Documentos filtrados exhiben cómo se solicitaron recursos bajo conceptos como alimentos, operativos rurales y arrendamiento de mobiliario, pese a que los programas debían estar suspendidos por ley.
El extrabajador Dorian Morua, quien denunció el caso, señaló que tales actividades nunca se realizaron y que todo fue una simulación para justificar el uso del dinero. A esto se suman señalamientos por acoso laboral y el uso político de los programas, lo que evidenciaría un patrón de corrupción y abuso en la dependencia federal en el estado.
Lo más grave es que, pese a la gravedad de las acusaciones, el delegado Guillermo Morales y la propia Secretaría del Bienestar han optado por guardar silencio, sin transparentar el manejo de los recursos ni presentar pruebas de que los supuestos operativos hayan existido. La opacidad y la falta de respuesta alimentan las sospechas de corrupción y manejo electoral de los apoyos sociales.
Cabe recordar que, durante el proceso electoral, diversos actores y observadores señalaron el uso indebido de programas federales para coaccionar el voto, práctica que habría tenido eco en San Luis Potosí bajo la gestión de Morales López. Organismos ciudadanos ya exigen una investigación a fondo y sanciones ejemplares para los responsables, mientras el caso podría escalar a instancias federales y judiciales.
