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Pretextos para no juzgar

San Luis Capital

Un juzgado federal ha tenido que enmendarle la plana a la Fiscalía, después de dos años y medio, para que quite un capelo de dos años y medio a las denuncias en contra de los ex alcaldes Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona. Todo para que no llegue el expediente al juez y la sociedad tenga claro, en estricta justicia, si son o no culpables.

Si al gobierno de Juan Manuel Carreras y al fiscal Federico Garza Herrera realmente les interesara el combate a la corrupción, ya debieran tener un palmarés de ex funcionarios y funcionarios en la cárcel o devolviendo lo mal habido.

Y no sucederían cosas absurdas, como los dos años y seis meses que la Mesa Dos del MP disque “especializado” en delitos cometidos por servidores públicos ha entretenido una denuncia, con toda intención de inutilizar en el proceso a los denunciantes.

El reclamo tuvo origen en la carpeta de investigación del índice de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.

El 12 de febrero de 2018, Manuel Nava Calvillo en representación de 445 ciudadanos, interpone denuncia contra Ricardo Gallardo Juárez y a José Ricardo Gallardo Cardona por hechos derivados de sus actuaciones como alcaldes de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez.

Nava Calvillo, el líder tianguista Juan Antonio Rodríguez Chessani, el dirigente de locatarios Arturo Pérez Alonso y otros ciudadanos coincidentes con el Frente Anticorrupción, presentaron la denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de los Gallardo, padre e hijo.

Reclutaron para esta acción judicial conjunta a más de 400 ciudadanos, con una mesa instalada en la Plaza de Armas. Los firmantes acudieron a esa convocatoria placera.

Parte de la argumentación de su denuncia fue la ubicación y documentación de una lista de 60 bienes inmuebles, que después se amplió a 119, de los que los ex alcaldes Gallardo se hicieron propietarios en los años de gestión, con una suma de miles de metros cuadrados de superficies y construcciones.

Los denunciantes pidieron un peritaje y la Fiscalía aseguró que nominaba a un perito para revisar las presunciones de bienes malhabidos. La agencia del MP del caso les prohibió que revelaran datos de los bienes de los Gallardo cuyo origen pusieron en entredicho.

Pero casi un año después, el 20 de febrero de 2019, la agencia del caso determinó que los denunciantes no ostentaban la calidad de víctimas u ofendidos dentro de la carpeta de investigación de origen “pues su intervención consistió en hacer del conocimiento de la fiscalía la noticia criminal, si haber resentido en su esfera jurídica alguna afectación física, mental o emocional, aunado a que tampoco son titulares del bien jurídico violado y jurídicamente protegido por la norma que prevé los hechos con los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y fraude”. Es decir, según el MP, que no había daño para ellos… ni para nadie entonces.

Ocho días antes de que el MP tomara la decisión de desconocer el interés jurídico de los denunciantes, Manuel Nava Calvillo y otros integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción habían realizado una protesta ante la Fiscalía por la falta de resultados de ésta. Llevaron una pequeña tarta de chocolate para repartir, a manera de “un pastel de cumpleaños”. Quizá esa colorida protesta con pancartas y pastel no le gustó a alguien.

Como consecuencia de ese desconocimiento de la “calidad de víctimas”, la fiscalía ordenó que “en lo subsecuente no se les permitiría el acceso, no tendrían intervención, no se les proporcionaría información y no se les concedería audiencia dentro de la carpeta de investigación de origen”.

Inconformes con ese acuerdo del MP, Nava Calvillo y los demás denunciantes promovieron un amparo contra la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por Servidores Públicos. Reveses y alegatos, en noviembre de 2019 el Juzgado Octavo federal le dio la razón a Manual Nava y los demás denunciantes. El dictamen ordena al agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, Mesa Dos, que deje insubsistente el dictamen reclamado y dicte otra resolución, “purgando los vicios referidos” y acate los principios de congruencia y exhaustividad que no se vieron en su primer criterio.

La jueza federal que resolvió el amparo encontró que no se hizo un examen congruente y completo de las demandas de los agraviados. El dictamen del MP del caso fue hecho a la ligera, algo que se antoja como “salida” para entretener y retrasar entrar al fondo de la denuncia.

Los Gallardo por su parte, como terceros relacionados, interpusieron sus recursos en enero de este año para evitar ser alcanzados, representados por la abogada Silvia Torres Sánchez, hermana del ex diputado local y abogado gallardista José Guadalupe Torres Sánchez.

El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito acabó dando la razón a Nava Calvillo y sus representados codenunciantes en amparo en revisión y desestimó los alegatos de los Gallardo. Con esto, el Juzgado Octavo se reactivó las consecuencias de su dictamen de noviembre de 2019 y el 18 de agosto pasado, emitió una resolución en la que advierte “que a la fecha la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio”. En consecuencia, requiere a la Fiscalía Especializada “para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización”.

Lo más grave para el titular fiscal resonsable no son los 8 mil 688 pesos de la multa, sino que “se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.

Desde luego, no sería raro que para cumplir el enojoso dictamen, el titular del MP en entredicho emita de nuevo una resolución que desconozca a los denunciantes, pero ahora con otro rollo, un poco más cuidado. Dilatar, dilatar, dilatar, que no se llegue nunca ni a los zaguanes de la materia de la denuncia en sí, ese ha sido su lamentable “trabajo”. Como el de toda la Fiscalía cuando se trata de delitos de corrupción.

El alcalde capitalino Xavier Nava Palacios, aprovechando el tema, hizo divulgar su cuestionamiento porque a más de un año de que presentaron formalmente las 11 denuncias formales, 6 ante la Fiscalía General de la República y 5 en la Fiscalía, no hay resultados, “aunque que hay elementos suficientes para que procedan”. La justicia no llega desde ningún nivel, ni federal ni estatal.

No hay quién responda por esta falta de resultados concretos y eterna pasión por atorar toda investigación verdadera sobre actos de corrupción. ¿Urge la autonomía del fiscal anticorrupción? Pues sí, pero la bancada priista trabajó para que no ocurriera, con el vaporoso argumento de que faltaba un estudio financiero para ver su viabilidad. Como si esa caterva de irresponsables hubiese demostrado alguna vez que algo entienden de finanzas, como no sea estirar la mano para que les den su presupuesto.

Se equivocan, señores diputados antiautonomía. Su trabajo es la vigilancia de los manejos de otros poderes, y para eso hace falta un fiscal anticorrupción autónomo. Las proyecciones financieras no son su trabajo. En todo caso, si lo fueran, ya podrían empezar por pedir una proyección de lo que cuesta la inútil Secretaría de Cultura, con un craso ejército de directores que no tiene ni la General de Gobierno. ¿A qué seguir manteniendo, por ejemplo, una “dirección de Festivales” si no hay ni uno, ni lo habrá en mucho tiempo? O los costos de otro monumento a la inutilidad como la Segam, con un montón de recomendados en nómina que no hacen más que pasearse de un lado a otro.

A ver si la misma quisquilla ponen los diputados para revisar la “terna” diseñada para que llegue a la Fiscalía un junior del poder, Felipe Aurelio Torres Zúñiga, con nulas credenciales en perseguir delincuentes de la administración pública. Lo impondrán porque es consigna del gobernador, no porque se tenga siquiera la más pálida intención de perseguir funcionarios abusivos, sinvergüenzas y ladrones. Nada de buscar complicaciones; que todo fluya.

El joven Torres en la Fiscalía irá a seguir meneando el potaje sin consecuencias como es el estilo de este sexenio, sin agravio para corruptillo o corruptilla algunos.

Al tiempo.

ROLLOS SUELTOS

EL ESTILO GATELL. Los jefes policiacos y el secretario de general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, se han adherido como lapas al modus operandi del subsecretario de Salud Hugo López Gatell: lo suyo es salir muy orondos a confirmar que se cumplen los “escenarios catastróficos” que anuncian, pero desde luego que no hacen nada por evitarlos.

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IRREMEDIABLES. Y así como el médico favorito de la 4T atribuye los 60 mil muertos que México lleva por COVID al cumplimiento de “escenarios catastróficos” previstos, es decir, incapaz de evitarlos, aquí nuestros jefes de la seguridad se limitan a llenarse la boca con obviedades ante las ejecuciones diarias y ahora robos residenciales: es el crimen organizado y la crisis pandémica traerá más delitos patrimoniales como “consecuencia natural”. No pues sí, valiente consuelo para los ciudadanos.

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ROBOS “PRIME”. Robos residenciales los hay desde hace tiempo. Los jefes policiacos dan como explicación que si “bandas foráneas”, que si los colombianos, que si los del Edomex y que la Madre Adita… Lo que no hacen nunca es todo lo que esté a su alcance para que los delincuentes tengan un castigo ejemplar y mucho menos evitan que ocurran sus fechorías. A ver ahora qué explicación dan a los atracos residenciales en la zona “prime” de la ciudad, el Club de Golf La Loma.

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