Argumenta que el caso está bajo investigación y que la matanza de 19 personas todavía no puede ser clasificada como “grave violación a los derechos humanos”.
Las declaraciones de los 12 policías que están en prisión por la masacre de Camargo, Tamaulipas, se mantendrán secretas por el momento.
Todos ellos declararon ante la jueza de Ciudad Victoria los días 3 y 8 de febrero y posteriormente quedaron vinculados a proceso dentro de la causa 23/2021 que investiga la masacre. La audiencia se celebró a puerta cerrada debido a la contingencia por COVID-19 y ahora las autoridades quieren guardar bajo llave su contenido.
Por el momento estas declaraciones seguirán bajo reserva durante cinco años o hasta que se firme una sentencia que no pueda ser recurrida. El Poder Judicial de Tamaulipas argumenta que dar publicidad a la carpeta de investigación podría perjudicar tanto a los acusados, que gozan de la presunción de inocencia, como a las víctimas, porque podría dañarse la investigación.
“El hecho de hacer públicas las audiencias, y constancias procesales que integran la causa penal 23/2021, con motivo de la investigación y culminación de la misma realizada por la fiscalía, permitir el acceso al expediente a personas no autorizadas, podría generar un daño irreparable en la investigación y persecución del delito, que iría en perjuicio tanto de las víctimas u ofendidos, como de los imputados”, dice la juez en su resolución.
Según la Ley de Transparencia del estado de Tamaulipas (al igual que ocurre en la ley federal) los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad no pueden ser declarados como reservados. Sin embargo, la jueza considera que hasta el momento, el asesinato de 19 personas no puede considerarse como una violación grave a los derechos humanos ya que el caso se encuentra todavía en fase de investigación complementaria.
“No se puede emitir un pronunciamiento en ese sentido, esto es, si existen o no violaciones graves a derechos humanos, toda vez que el mismo se encuentra en etapa de investigación complementaria”, dice en su argumentación.
Además, recuerda que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó una investigación de oficio. “Con esto se hace notar que, para determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos, previamente se debe de tener la información completa, a fin de poder valorar si las particularidades del caso se ajustan a los criterios (cuantitativos o cualitativos) establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dice.
Las autoridades no explican cuál fue el móvil ni qué participación tuvieron los policías. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, se limitó a enumerar las acusaciones el día de los arrestos y apuntó a una explicación: la pugna entre grupos criminales por el control del territorio. No dijo por qué únicamente hay agentes detenidos ni cuál podría ser su rol, más allá de la sospecha de que alteraron la escena del crimen.
La masacre se produjo en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador El había asegurado que ya no se violaban los derechos humanos de los migrantes. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció las similitudes de este ataque con otras atrocidades del pasado como la masacre de San Fernando. Esta comparación, sin embargo, fue rechazada por el gobierno mexicano, que aseguró que en este caso “no habrá impunidad”.
