SANTA MARÍA DEL RÍO. – La controversia en torno a los operativos viales implementados por la Policía Municipal ha vuelto a encender el malestar entre ciudadanos de este municipio, luego de que este martes se reportara nuevamente la instalación de retenes en diversos puntos de la cabecera, donde se habrían impuesto multas que superan los 2,000 pesos, según muestran varios recibos oficiales que comenzaron a circular en redes sociales.
Este hecho contradice declaraciones recientes de la presidenta municipal Isis Díaz, quien semanas atrás negó categóricamente la existencia de estos operativos y desestimó las denuncias ciudadanas calificándolas como “noticias falsas”.
En aquel momento, la edil aseguró que las únicas sanciones aplicadas eran por un monto máximo de 200 pesos, versión que ahora se pone en entredicho por la documentación compartida por los afectados.
Además del tema de las multas, otro punto que ha generado creciente inquietud es la circulación de patrullas sin placas visibles, una práctica que viola el artículo 43 del Reglamento de Tránsito del Estado, el cual establece la obligatoriedad del uso de placas en todos los vehículos oficiales.
Dicha omisión no solo infringe normas estatales, sino que, de acuerdo con el artículo 243 del Código Penal Federal, puede representar un delito si el vehículo se utiliza para cometer actos como el abuso de autoridad o la extorsión.
La ciudadanía ha comenzado a exigir mayor transparencia, legalidad y rendición de cuentas, además de solicitar la intervención de instancias estatales o incluso federales para revisar la legalidad de estos procedimientos y garantizar que no se vulneren los derechos de los habitantes bajo el argumento de “mantener el orden”.
Hasta el momento, la alcaldesa Isis Díaz no ha emitido una postura oficial respecto a los nuevos señalamientos, aunque se espera que en los próximos días se pronuncie ante la creciente presión social.
Organizaciones ciudadanas y activistas locales han llamado a documentar cualquier acto de posible abuso por parte de elementos policiales, así como a presentar denuncias formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Fiscalía General del Estado, a fin de que se investiguen los hechos y se tomen las medidas necesarias.
