La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo nuevamente que el Gobierno de México tiene derecho a dudar de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con información de Animal Político, la mandataria federal afirmó que hasta ahora no existen pruebas suficientes para proceder judicialmente en México, pese a que autoridades estadounidenses enviaron una solicitud de detención urgente con fines de extradición contra 10 mexicanos.
Sheinbaum explicó que entre las personas señaladas se encuentran el gobernador con licencia, un senador y un alcalde, además de otros actores políticos vinculados con Sinaloa, pero señaló que la Fiscalía General de la República concluyó que no hay suficientes pruebas.
“Tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes”, declaró la presidenta al defender la postura del gobierno federal frente a los señalamientos provenientes de Estados Unidos.
La mandataria indicó que la Fiscalía abrió una investigación propia sobre el caso Sinaloa, pero insistió en que cualquier acción de las autoridades mexicanas debe sustentarse en evidencias y realizarse conforme a la legislación nacional.
“No es porque cualquiera venga a decir ‘cometió un delito’, entonces actúas”, afirmó Sheinbaum, al subrayar que las decisiones judiciales en México no pueden depender únicamente de señalamientos externos.
La presidenta también enmarcó el caso en un tema de soberanía nacional, al señalar que México mantiene coordinación con Estados Unidos, pero sin injerencia en asuntos que corresponden a las instituciones mexicanas.
Sheinbaum advirtió que no se puede permitir que decisiones de otro país definan el futuro político o judicial de funcionarios electos en México, por lo que reiteró que cualquier acusación deberá acreditarse plenamente.
Las autoridades estadounidenses acusaron formalmente a políticos y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos Rocha Moya, y surgieron versiones sobre una supuesta ficha roja de Interpol.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República rechazó que exista una ficha roja activa contra el gobernador con licencia y aseguró que no hay una orden de captura internacional vigente en México.
La dependencia federal también informó que, aunque abrió una carpeta de investigación tras recibir información de Estados Unidos, hasta ahora no se han judicializado acusaciones contra Rocha Moya ni contra los demás señalados.
El gobierno federal ha insistido en que toda acusación deberá probarse conforme a las leyes mexicanas, mientras que las autoridades estadounidenses no han hecho públicos expedientes completos o pruebas documentales sobre el caso.
