El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda, con el objetivo de asegurar el acceso a financiamientos accesibles para los trabajadores. Esta medida busca fomentar la creación de viviendas dignas y asequibles, beneficiando a aquellos que no tienen oportunidades de adquirir un hogar.
Durante la sesión, los miembros de la LXIV Legislatura destacaron la importancia humanista de la reforma, señalando que se establece un derecho constitucional para los trabajadores a acceder a una vivienda adecuada. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, enfatizó la creación de un fondo destinado a este fin, que permitirá la construcción de más de un millón de viviendas en el país.
Arreola Mallol explicó que “lo que estuviste pagando no se va al vacío, es un abono que podría complementarse con un crédito, sobre todo para personas jóvenes; 500 mil van a ser para el Infonavit y 500 mil para personas no afiliadas y que no tienen derecho a bienes en esa institución”. La reforma constitucional busca reconocer más derechos en materia de vivienda para los trabajadores, dirigiendo el presupuesto hacia esta causa y creando un marco normativo para el arrendamiento público con opción a compra.
El diputado aclaró que “no se le va a quitar la casa a nadie”, asegurando que se respeta la propiedad privada y que la intención es que más personas puedan acceder a tener un patrimonio. La reforma también promueve un lenguaje inclusivo al cambiar expresiones como “los trabajadores” por “personas trabajadoras” y “personas empleadoras”, con el fin de erradicar cualquier forma de discriminación por sexo o identidad de género.
Además, se prevé que las personas trabajadoras puedan acceder al arrendamiento social de viviendas construidas por el INFONAVIT, así como a la futura adquisición de estas. La mensualidad del arrendamiento no podrá exceder el 30% del salario de las trabajadoras y trabajadores, y se dará preferencia a quienes hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley establecerá mecanismos para evitar la discrecionalidad en el acceso a este derecho.
La reforma también permitirá gestionar adecuadamente las viviendas abandonadas, que podrán recuperarse y ofrecerse en arrendamiento. Se establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para hacer las adecuaciones necesarias a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y se deberá implementar un programa de eficiencia operativa que reduzca costos en un plazo similar, reafirmando así la orientación social del Instituto.
