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En primaria rural, durante seis años Juez obliga al DIF a garantizar desayunos escolares

San Luis Capital

SANTA MARÍA DEL RÍO. – Un juzgado federal ordenó al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) garantizar el suministro de desayunos escolares a todos los alumnos de una escuela primaria rural de Santa María del Río, luego de determinar que la exclusión del plantel del Programa de Alimentación Escolar vulneraba derechos fundamentales de la niñez.

La resolución, emitida el pasado 31 de marzo de 2026, concede un amparo promovido por madres de familia de la comunidad y establece que el apoyo alimentario deberá mantenerse de manera continua durante al menos seis años, evitando cualquier medida regresiva que afecte a los estudiantes beneficiados.
De acuerdo con información difundida por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el conflicto surgió después de que el DIF estatal mantuviera fuera del programa a la escuela bajo criterios administrativos que la ubicaban fuera de los planteles considerados de “primera necesidad”.
Sin embargo, un estudio de campo realizado por una trabajadora social reveló una realidad distinta: alumnos con problemas de desnutrición, rezago educativo, carencias en infraestructura y una comunidad marcada por condiciones de vulnerabilidad que incluso han propiciado la deserción escolar.

Tras no obtener respuesta favorable por la vía administrativa, siete familias decidieron recurrir a los tribunales para exigir el acceso de sus hijos a un programa alimentario que consideraban indispensable para su desarrollo y permanencia en las aulas.

La sentencia representa un precedente relevante en materia de derechos sociales, al reconocer que los apoyos alimentarios dirigidos a menores no pueden condicionarse únicamente a criterios burocráticos cuando existen evidencias de necesidad y vulnerabilidad.

Con esta determinación judicial, el DIF estatal deberá garantizar el acceso de los estudiantes a los desayunos escolares, priorizando el interés superior de la niñez sobre cualquier disposición administrativa que limite el ejercicio de ese derecho.

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