Al menos 50 mil organizaciones sociales no lucrativas se verán perjudicadas por las medidas hacendarias proyectadas para 2021

Además de afectar a consumidores y pequeñas empresas, los cambios fiscales que aprobó la Cámara de Diputados para 2021 tendrán consecuencias adversas para organizaciones de la sociedad civil que reciben donaciones para llevar a cabo labores de altruismo.

Legisladores de oposición advirtieron que las modificaciones a la Ley Federal de Derechos y las correspondientes al IVA, ISR y Código Fiscal de la Federación —que todavía debe discutir y aprobar el Senado— no sólo afectarán a las familias y consumidores, debido al incremento a los costos de los servicios de internet, telefonía móvil y servicios de plataformas digitales, sino también a organizaciones de la sociedad civil, las cuales deberán dejar de recibir donaciones cuando más de la mitad de sus ingresos sea por actividades ajenas a su objeto social.

De acuerdo con la diputada Marcela Torres Peimbert, del PAN, el endurecimiento de las medidas para donatarias autorizadas afectará al menos a 50 mil asociaciones no lucrativas que generan casi tres puntos del PIB y que emplean a 2.2% de la población económicamente activa.

Diputados del PRI, PAN e incluso de Encuentro Social, aliado legislativo de Morena, alertaron también sobre afectaciones a pequeñas empresas que usan apps para realizar sus actividades.

De acuerdo con la diputada Marcela Torres Peimbert, del PAN, el endurecimiento de las medidas para donatarias autorizadas afectará al menos a 50 mil asociaciones no lucrativas que generan casi tres puntos del PIB y que emplean a 2.2% de la población económicamente activa.

Diputados del PRI, PAN e incluso de Encuentro Social, aliado legislativo de Morena, alertaron también sobre afectaciones a pequeñas empresas que usan apps para realizar sus actividades.

Otro de los puntos más impugnados de la futura miscelánea fiscal 2021 se refiere a las medidas con las que la Hacienda busca castigar a las donatarias autorizadas que obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades no relacionadas con la tarea para la cual obtuvieron ese beneficio tributario.

Pero la oposición consideró que más que transparentar los ingresos de organizaciones de la sociedad civil, se trata de un enfoque punitivo que restringirá el derecho al financiamiento y a la autonomía de diversas convenciones internacionales garantizan al también llamado tercer sector. Al calificar estos cambios como “un régimen fiscal de terror”, Marcela Torres Peimbert (PAN) señaló que éste afectará al menos a 50 mil organizaciones no lucrativas que generan casi 3 puntos del PIB y que emplean a 2.2% de la población económicamente activa.

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