Los afectados denuncian que la empresa no ha sido sancionada tras derramar 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre.

Un nuevo estudio revela que aún persisten altos niveles de arsénico en los pozos de agua para consumo humano ubicados en las poblaciones aledañas al Río Sonora, en el norte de México, tras el derrame de metales pesados realizado por una minera en 2014, considerado la peor catástrofe ambiental en la historia del país.

En este caso, la empresa responsable del derrame, Grupo México, la minera más grande del país, sigue sin acatar las sanciones que le fueron impuestas para remediar el daño”

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció a través de una carta, enviada a los Comités de Cuenca Río Sonora, que tras nuevos muestreos realizados en 2020 el agua de consumo humano en los siete municipios del Río Sonora sigue contaminada masivamente con metales pesados, principalmente arsénico y plomo.

Sin embargo, ni las autoridades estatales ni federales han emprendido medidas para alertar a la población y resolver el problema, de acuerdo con un comunicado emitido por los Comités de Cuenta del Río Sonora en conjunto con la organización PODER.

Según el muestreo de la Cofepris, realizado en marzo pasado, el 98,28 % de los 59 pozos y domicilios particulares estudiados rebasa los límites de arsénico, mientras que el 35,42 % de los hogares analizados excede los niveles de plomo establecidos en las normas mexicanas.

Otro muestreo, realizado en julio, arroja que de los 69 pozos y domicilios particulares registrados, el 89,85 % y el 57,81 % exceden las cantidades de arsénico y plomo permitidas en la legislación. 

En este sentido, la Cofepris aceptó que los contaminantes “pueden producir enfermedades graves” y “representan un riesgo a la salud de la población”.

Ante los nuevos datos, los pobladores de la región exigen a los tres niveles de Gobierno tomar medidas para evitar el envenenamiento de varias comunidades.

“Mientras hacen planes y nuevos muestreos, mientras se lavan las manos entre instituciones, se nos va la vida. El Gobierno nos está dejando morir envenenados”, dice José Manuel López, habitante de San José de Baviácora, una de las localidades afectadas.

En un sentido similar se pronunció Ramón Miranda, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora y habitante de la localidad de Aconchi.

“¿Qué tiene que pasar para que las autoridades hagan algo? Ahí están los datos, desde hace más de un año, desde hace seis años, tras el cochinero que dejó Grupo México, y ahora los datos nuevos que vienen a decirnos lo que ya sabemos: el agua que tomamos nos está envenenando y las autoridades no hacen nada concreto para evitarlo”, señaló Miranda.

En 2014, la minera Buena Vista del Cobre, ubicada en Cananea, de Grupo México, derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el noroeste del país, con una afectación a 22.878 pobladores.

En 2015, las autoridades mexicanas multaron a Grupo México con un monto cercano a 1,4 millones de dólares, que representó apenas el 0,09 % de las ganancias que obtuvo Grupo México el mismo año en que ocasionó el derrame. 

La empresa no cumplió con los compromisos que asumió como parte de la remediación de los daños, al tiempo que el Gobierno mexicano sigue sin castigar a la compañía por el incumplimiento.

En diciembre de 2019, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a tomar cartas en el asunto, luego de que funcionarios federales reconocieran que las medidas adoptadas por la minera como parte de las sanciones impuestas por el derrame, eran “letra muerta”.

Hasta la fecha, el Gobierno federal no ha realizado medidas concretas para remediar los altos niveles de contaminantes vertidos en el agua de la región.

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