VILLA DE REYES. – Suspenden a delegado de Sedesore por despensas halladas en sede partidista; crecen cuestionamientos sobre omisión del alcalde de Villa de Reyes
La suspensión del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) en Villa de Reyes abrió una nueva polémica que ya no solo alcanza a funcionarios estatales, sino también al gobierno municipal encabezado por Ismael Hernández, cuya actuación comienza a ser cuestionada por diversos sectores de la población.
La titular de Sedesore, María del Rosario Martínez Galarza, confirmó que el funcionario fue separado de sus funciones tras detectarse despensas del programa de Seguridad Alimentaria en instalaciones del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una situación que derivó en una investigación para deslindar responsabilidades.
Sin embargo, mientras la dependencia estatal actuó de inmediato contra su delegado, en Villa de Reyes surgen preguntas sobre el papel que desempeñó la administración municipal ante una irregularidad que, para muchos, difícilmente pudo pasar desapercibida.
Habitantes del municipio cuestionan si existirá alguna investigación sobre la actuación del alcalde Ismael Hernández, pues consideran que el resguardo de apoyos alimentarios destinados a la población vulnerable debió realizarse en instalaciones oficiales y no en espacios vinculados a actividades partidistas.
La propia secretaria de Sedesore fue contundente al señalar que los programas sociales deben mantenerse completamente separados de cualquier interés político. “Tenemos que separar mucho el tema político del tema social”, advirtió, al tiempo que anunció que las próximas entregas serán coordinadas directamente desde las oficinas centrales para garantizar transparencia.
Mientras la Contraloría General del Estado y Sedesore revisan las responsabilidades del delegado suspendido, persiste la interrogante sobre si las investigaciones alcanzarán también a quienes, por acción u omisión, permitieron que apoyos públicos terminaran almacenados en un inmueble ajeno a la dependencia.
El caso no solo exhibe una falla administrativa; también vuelve a poner sobre la mesa la obligación de los gobiernos municipales de vigilar que los programas sociales se manejen con absoluta legalidad, transparencia y sin vínculos con estructuras partidistas.
