En los últimos meses, el Senado de la República de México ha aprobado diversas reformas constitucionales y legales que impactan áreas clave como justicia, administración pública, soberanía nacional y derechos sociales.
La reforma constitucional para el fortalecimiento de la soberanía nacional en México, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada en marzo de 2025, introduce cambios significativos en los artículos 19 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas modificaciones buscan reforzar los principios de no intervención y autodeterminación del pueblo mexicano, así como establecer medidas más estrictas en materia de justicia penal.
Se adicionan dos párrafos del artículo 40 que establecen que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Esto incluye golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Asimismo, se prohíbe la intervención en investigaciones y persecuciones sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables.
Dentro del artículo 19 Se incorpora el delito de terrorismo al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Además, se establece que cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los nuevos párrafos del artículo 40, será sujeto a la pena más severa posible, así como a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Implicaciones jurídicas; Refuerzo del principio de no intervención: La reforma eleva a rango constitucional la prohibición de cualquier intervención extranjera que atente contra la soberanía nacional, consolidando el principio de no intervención en los asuntos internos del país; Endurecimiento de medidas penales: Al incluir el terrorismo y el tráfico ilícito de armas como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y establecer penas más severas, se busca fortalecer el marco legal contra actividades que amenacen la seguridad nacional; Limitación a la cooperación internacional: La exigencia de autorización y colaboración expresa del Estado mexicano para cualquier intervención en investigaciones o persecuciones podría restringir la cooperación con agencias extranjeras en materia de seguridad y justicia; Debate sobre técnica legislativa: Algunos expertos consideran que establecer penas específicas en la Constitución representa una mala técnica legislativa, ya que estas disposiciones deberían estar en el Código Penal Federal. Ya sabremos los resultados de dicha reforma y su aplicación. Hasta la próxima.
