La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí, presidida por la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga, ha aprobado un dictamen crucial que reforma el artículo 135 del Código Penal estatal. Esta reforma tiene como objetivo armonizar la legislación local con la federal y fortalecer el marco jurídico en torno al feminicidio.
Segovia Colunga detalló que la reforma introduce elementos para clarificar el tipo penal del feminicidio, aumenta las penas en circunstancias específicas y elimina las excusas absolutorias que podrían encubrir estos delitos. La diputada subrayó que la reforma busca ofrecer una respuesta más eficaz a la violencia contra las mujeres, un problema que no solo afecta el desarrollo integral de las mujeres, sino que también impide la construcción de una sociedad justa y pacífica.
El dictamen especifica que se considera feminicidio cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género. Estas razones se identifican si existe una relación de parentesco, sentimental, laboral, docente o cualquier tipo de relación de poder entre el agresor y la víctima. También se contempla si hay antecedentes de violencia en distintos ámbitos, amenazas, acoso o violencia sexual.
El cuerpo de la víctima expuesto en un lugar público o la explotación laboral también se consideran elementos del feminicidio. La pena para este delito será de 40 a 60 años de prisión y una sanción económica equivalente a cuatro mil a seis mil días del valor de la unidad de medida y actualización. En casos donde la víctima sea menor, adulta mayor o esté embarazada, o el agresor sea un servidor público, se aumentará la pena en un tercio.
Además, el dictamen estipula que el agresor perderá todos los derechos relacionados con la víctima y sus hijos, garantizando el interés superior de los menores.
Cinthia Verónica Segovia Colunga concluyó destacando que esta reforma es un paso significativo para enfrentar la violencia de género, una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El dictamen será presentado al pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.