Especialistas en migración advierten que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría desencadenar una crisis migratoria para los mexicanos residentes en ese país. Se prevén deportaciones masivas y retornos voluntarios ante un clima hostil impulsado por autoridades como el propio Trump y el gobernador texano Greg Abbott, conocido por sus políticas antimigratorias.
Órdenes ejecutivas de Trump contra migrantes. Emergencia nacional y cierre de la frontera. Se declaró una emergencia en la frontera sur, reanudando la construcción del muro y desplegando fuerzas militares para contener el ingreso de migrantes.
Eliminación de ciudadanía por nacimiento. A partir del 19 de febrero, la ciudadanía estadounidense no se otorgará automáticamente a hijos de migrantes en situación irregular. Organizaciones pro-migrantes ya han interpuesto demandas, logrando una suspensión temporal de la medida por un tribunal federal.
Cancelación de solicitudes de asilo, Con la cancelación del programa CBP-ONE, miles de solicitantes de asilo quedan varados en la frontera. Se espera el regreso del programa “Quédate en México” (MPP), obligando a los solicitantes a esperar en territorio mexicano.
Posible desaparición de las ciudades santuario. Se proponen medidas legales y financieras contra ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, que protegen a los migrantes de la deportación inmediata.
Ante las posibles deportaciones, es crucial identificar grupos vulnerables como menores binacionales, que enfrentan barreras de idioma y riesgo de separación familiar. También preocupa la reintegración laboral de adultos deportados a comunidades sin oportunidades de empleo y con necesidades de atención médica especializada.
Actualmente, el Gobierno Federal y las entidades estatales carecen de programas específicos para emigrantes. Se eliminaron iniciativas clave como el 3×1 para migrantes, el Fondo de Apoyo a Migrantes y el programa “Somos Mexicanos”, dejando sin recursos a los connacionales deportados.
En 2024, la entidad potosina registró alrededor de 5,000 deportaciones, principalmente en municipios como San Luis Potosí capital, Matehuala y Rioverde. A nivel nacional, se reportan más de 200,000 personas deportadas al cierre del año, muchas de ellas provenientes de Texas, donde se endurecieron las políticas migratorias.
