Por: Adriana Ochoa
Que el Interapas desaparezca, sí. No hay ni la visión ni las condiciones políticas para que la operación eficiente de un organismo intermunicipal de alcances metropolitanos. Que cada ayuntamiento asuma la administración del servicio como mandata la Constitución.
El 30 de agosto de 1996, un indignado Consejo de Administración del organismo operador de agua potable del municipio de San Luis Potosí, el SIAPAS, le envió una carta de reclamo a diputados locales, en respuesta al informe de auditoría 1995.
Aquel informe, con un manejo salpimentado desde la oficialidad de un gobierno priista con Congreso mayoritario, cerró el cuadro adecuado para desaparecer el municipal SIAPAS, pasarle por encima al ayuntamiento capitalino y crear el Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el Interapas, que hoy presta servicios a los municipios de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro.
Los firmantes de aquella carta eran una mayoría de representantes empresariales que conformaban el Consejo. Las auditorías eran entonces un tema bajo control directo del Legislativo estatal, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. Y la del ejercicio 1995 del Interapas fue, en el informe final, todo un novelón de atribuciones abusivas, acusaciones de ineficiencia y embarradero de lodo. Unas facturas de comidas en restaurantes locales de alta gama se convirtieron en la prueba para encaminar el escándalo público contra el deficitario SIAPAS.
Los integrantes del vapuleado Consejo de Administración replicaron a los diputados que aquello no cumplía los requisitos legales y contables de una auditoría, sino que era una colección de cifras discordantes, críticas “enjuiciativas”, omisiones a la ley orgánica y acusaciones sin respaldo documental.
Expuestas punto por punto sus observaciones, los señorones del Consejo de Administración concluyeron que los señalamientos de ese informe apuntaban “hacia un propósito desprestigiante” para la administración de ese organismo, conformada en una anterior administración panista, “con el ánimo de poner en entredicho tanto la eficiencia de ese organismo como la propia honestidad de sus directivos”.
De nada sirvió el reclamo. El lamparón de la auditoría se quedó, pero una vez diluido su fin mediático, nadie fue multado, requerido, mucho menos enjuiciado. Ya se sabe: nuestras instituciones vigilantes lo son más de linchamiento mediático que de combate a la corrupción.
El decreto de creación del nuevo Interapas, pautado desde gobierno estatal, había sido emitido en ese mismo mes de agosto y si bien los alcaldes de los tres municipios tienen desde entonces un lugar en el Consejo, el gobierno estatal puso al frente a quien se le dio la gana hasta la llegada del panista Marcelo de los Santos a la gubernatura. El control de la dirección del Interapas quedó de nuevo en manos de los alcaldes capitalinos, o por lo menos más afines a ellos, del PRI, del PAN y del PRD.
En junio de este año, diputados oficialistas presentaron una iniciativa para desaparecer al Interapas, después de un largo historial de desavenencias entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el municipio conurbado que el gallardismo controla desde hace tres lustros y la alcaldía capitalina, de signo político distinto, que preside el organismo por volumen de usuarios.
La conurbada y gallardista alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez alega y alega trato secundario y que no llega el agua nunca a sus pobladores. Sus alcaldes se la han pasado amenazando con que se van, pero no se les ve intención alguna de invertir en redes de agua ni drenajes para ir haciendo su camino a su gritoneada aspiración de independencia. En la crisis hídrica de 2023 y parte de este año, las autoridades de Soledad y Cerro de San Pedro nadaron de muertito.
Encima, las filtraciones de la presa El Realito, hicieron más difíciles las cosas. Ya lo eran con las fallas en el acueducto concesionado para abastecer a la capital, bajo administración del Gobierno del Estado. El concesionario del acueducto vende el agua al Interapas más cara de lo que el organismo la cobra a los usuarios porque sus tarifas están controladas por el Congreso del Estado. El peor de los mundos posibles para un organismo que tiene tantos retos de mejora en el servicio.
El estudio tarifario presentado para 2025 al Interapas calcula que el ajuste técnico que requiere para operar debe ser de 38.67%, de acuerdo con las fórmulas establecidas en la propia ley de la materia y los criterios de Instituto de Fiscalización Superior del Estado. La aplicación de un porcentaje así es inviable, pero la cifra da la idea del rezago tarifario que tiene el organismo.
Una tabla del estudio revela un serial deficitario de millones desde el ejercicio 2019 (-65 millones de pesos), empeorados durante la pandemia (-132 mdp durante 2021) y la crisis hídrica (-147 mdp en 2023). Interapas tiene un ingreso medio inferior a 14 pesos por metro cúbico de agua, y le cuesta casi 20 pesos por metro cúbico entregarla al usuario. La propuesta técnica, elaborada por un investigador, aún queda lejos de ser aceptada en el Congreso: alza de 24%. La propuesta de alza tarifaria final será de 6 por ciento. Interapas seguirá siendo deficitario.
El propio decreto de creación del Interapas prevé su desaparición, a manos del Congreso, si viola la Constitución, incumple la Ley de Aguas o no da un servicio adecuado. De ahí se agarró la bancada oficial este año para proponer su extinción y que pase a manos del Gobierno del Estado. Hubo una disposición así en un artículo que ya no corresponde a la referencia de ese decreto de creación, el 41 de la Ley de Agua.
La iniciativa de desaparición es una vil propuesta de despojo, obvio porque el 115 de la Constitución Federal faculta a los municipios la administración de sus servicios de agua potable, a lo que pueden renunciar por imposibilidad de prestarlos y delegar a la CEA, o concesionar.
Para hacer pasar esta iniciativa, lo esperable es la reaparición, bien engrasada, de la maquinaria de lodo, lo mismo que se usó para crearlo hace ya casi 30 años. Si acaso, más retorcida, en tiempos de redes sociales, linchamientos anónimos y gobernantes dados al fake. No esperen explicación oficial fundamentada, tampoco debate razonable, no, se trata de justificar una apropiación estatal indebida del control del agua.
Si el Interapas va a desaparecer, que lo desaparezcan de acuerdo con los ayuntamientos afectados y que entreguen a cada uno, de manera inmediata, el control y operación de los servicios de agua potable. Un ordenamiento estatal, cualquiera que pretendan usar de referencia para disque “administrar la transición”, no puede estar por encima de la Constitución Federal.
Y una cosa más, que el agua deje de ser objeto de manipuleo político con cada solicitud de ajuste tarifario, entre omisiones, imprecisiones y medias verdades de nuestros diputados.
