La mandataria pierde el respaldo político en medio de una crisis marcada por la inseguridad y la violencia.
El Congreso del Perú aprobó este jueves la destitución de la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, luego de que los partidos que la sostenían en el Parlamento le retiraran su apoyo en medio de una creciente crisis política y social impulsada por el aumento de la criminalidad en el país.
Boluarte, de 63 años, había llegado al poder el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta. Castillo fue removido por el Congreso el mismo día en que intentó disolver el Parlamento, y actualmente permanece detenido de forma provisional mientras enfrenta cargos por presunta rebelión.
JOSÉ JERÍ, EN LA LÍNEA DE SUCESIÓN
De acuerdo con la Constitución peruana, el sucesor inmediato de la Presidencia debe ser el titular del Congreso, en este caso José Jerí, del partido Somos Perú. No obstante, los legisladores también pueden optar por designar a otro congresista, siempre que Jerí renuncie previamente a su cargo. En ese escenario, el parlamentario elegido asumiría de manera simultánea la presidencia del Congreso y la jefatura del Estado.
La situación abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional en Perú, que ha atravesado seis presidentes en menos de una década, en un clima de crisis política recurrente y desconfianza ciudadana.
EL FIN DE UNA ALIANZA PARLAMENTARIA
La caída de Boluarte se precipitó en cuestión de horas. Durante la tarde, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular —las tres principales fuerzas que la habían respaldado desde el inicio de su mandato— anunciaron su decisión de votar a favor de su destitución.
Hacia la noche, el pleno del Congreso aprobó cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria, consolidando una mayoría suficiente para removerla del cargo.
El proceso ocurre en medio de una escalada de violencia y criminalidad que ha golpeado la popularidad del Ejecutivo y ha generado fuertes presiones sociales y políticas para un cambio de rumbo.
Con esta decisión, el país entra nuevamente en una etapa de transición política, marcada por la búsqueda de un liderazgo capaz de estabilizar la nación andina tras años de crisis institucional.
