FMedical, empresa vinculada a figuras clave de la Cuarta Transformación, ha sido señalada por recibir contratos millonarios en distintos estados del país sin plena transparencia en su operación. Su cercanía con el senador Adán Augusto López Hernández la ha colocado como una de las proveedoras predilectas de servicios médicos móviles, beneficiándose de adjudicaciones directas en Tabasco, Chihuahua y Quintana Roo.
En Chihuahua, la empresa ha sido parte de la estrategia de posicionamiento de la senadora Andrea Chávez, quien busca la gubernatura en 2027. A través de unidades médicas itinerantes que ofrecen consultas gratuitas en zonas vulnerables de Ciudad Juárez, Chávez ha fortalecido su presencia en la región, mientras que FMedical obtiene contratos cuyos fondos no han sido plenamente esclarecidos. Se estima que el costo de estas caravanas asciende a 10 millones de pesos mensuales, sin registros claros sobre su financiamiento.
En Quintana Roo, la administración de Mara Lezama ha destinado más de 1,800 millones de pesos en la contratación de unidades móviles de salud, una cifra superior al presupuesto para la construcción de un hospital de alta especialidad en Chetumal. Investigaciones han revelado que los contratos han sido otorgados a FMedical y Operadora de Servicios Médicos ML, con denuncias de irregularidades en su cumplimiento. En 2023, el secretario de Bienestar del estado, Pablo Bustamante, otorgó un contrato por 1,287 millones de pesos a Operadora de Servicios Médicos ML para la renta de estas unidades, las cuales, según denuncias, no operan en las localidades estipuladas.
Flavio Carlos Rosado, titular de los Servicios Estatales de Salud, firmó dos contratos con FMedical por un total de 522 millones de pesos entre 2023 y 2024. Se estableció que las unidades médicas deberían operar cinco días a la semana, pero registros oficiales indican que solo estuvieron activas 171 de los 254 días hábiles de 2024, incumpliendo lo pactado.
El historial de FMedical no se limita a estos estados. En Tabasco y Chiapas, durante los gobiernos de Adán Augusto López y Rutilio Escandón, la empresa obtuvo contratos por más de 2,000 millones de pesos, incluyendo la renta de camiones para unidades médicas y el suministro de una mega farmacia estatal. En plena pandemia de COVID-19, una de las compañías de su propietario, Fernando Padilla Farfán, recibió contratos para instalar unidades hospitalarias en Tabasco sin procesos de adjudicación transparentes.
