El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró no elegibles a 46 de los candidatos ganadores en la reciente elección para jueces de distrito y magistrados de circuito, al detectar que 45 de ellos no cumplían con el promedio mínimo de 8.0 exigido por la Constitución para estos cargos, y un aspirante más enfrenta prisión preventiva por presunto abuso sexual, lo que lo hace inelegible.
Los 46 casos representan el 5.2% de los 874 ganadores revisados por el INE, que llevó a cabo una evaluación académica detallada de los expedientes de los candidatos. La autoridad confirmó que 36 aspirantes quedaron descartados por no alcanzar el promedio requerido en la especialidad judicial, mientras que otros 9 fueron eliminados por promedios deficientes en su licenciatura.
Uno de los casos más graves es el de Héctor Ulises Orduña Hernández, aspirante ganador que se encuentra detenido en Veracruz bajo cargos de abuso sexual. Aunque la Fiscalía estatal no ha emitido postura oficial sobre su proceso, su situación legal y ausencia en las etapas finales del concurso fueron determinantes para invalidar su candidatura.
Adicionalmente, se conoció que entre los aspirantes descalificados se encuentran perfiles que, a pesar de haber avanzado hasta la etapa final, tenían antecedentes de sanciones administrativas o procesos disciplinarios no informados en su solicitud, lo que también influyó en los dictámenes de inelegibilidad.
El INE precisó que, por disposición constitucional, las vacantes no serán asignadas automáticamente a los segundos lugares en las votaciones. La decisión final sobre la validez de estos comicios y la posible reposición del proceso en distritos donde quedaron cargos vacantes será tomada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberá resolver más de 300 impugnaciones presentadas tanto por aspirantes como por organizaciones que cuestionan la legalidad del proceso.
La sesión del Consejo General del INE cerró con un intenso debate entre consejeros. Algunos, como Martín Faz y Carla Humphrey, criticaron la falta de lineamientos claros para impedir el uso de “acordeones” o guías de voto durante la jornada electoral, mientras que otros consejeros rechazaron que estas prácticas invaliden per se el resultado. La discusión se tornó simbólica cuando un grupo de activistas desplegó un elefante inflable frente al INE, denunciando la supuesta “omisión” del organismo al no garantizar un proceso completamente transparente.
Expertos en derecho constitucional y electoral advirtieron que este resultado podría abrir un precedente polémico sobre la viabilidad de procesos de elección popular para cargos judiciales, al evidenciar deficiencias en los filtros académicos y de idoneidad moral para quienes aspiran a desempeñar funciones jurisdiccionales de alta responsabilidad.
