- Ejercito detiene a policías; según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada se señala que, los superiores jerárquicos serán considerados responsables del delito de desaparición forzada
Por la mañana, en un impresionante dispositivo, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional, llevaron a cabo la detención de tres elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial Municipal. En cumplimiento a una orden de aprehensión, por desaparición forzada. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidió a la Fiscalía General del Estado tramitar dichos ordenamientos jurídicos.
Según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada se señala que, los superiores jerárquicos serán considerados responsables del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable, se impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días de multa. Es decir que el Alcalde, Israel Reyna sería responsable de los hechos. Se asegura, que habría conocido el asunto de primera mano y él dio la orden a los policías involucrados. Las investigaciones determinarán si fue así.
Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.
La detención de los tres agentes municipales se realizó en la comandancia de la corporación, al filo de las 09:00 horas se dio el evento, todos los agentes uniformados fueron formados en fila y les fueron preguntados sus nombres, separaron a tres de ellos, era contra quienes existe orden de aprehensión. Los detenidos son: José Jaime N., Sergio N., y Sergio Gerardo N. Se investiga si hubo omisión por parte de las mismas autoridades municipales, pues la ley considera también castigo para quienes hayan sido omisos.
La peor violencia que puede padecer una sociedad es aquella que se produce a partir de la participación de los agentes del Estado en los actos delictivos. O para decirlo con mayor claridad, no hay peor violencia que aquella provocada, consentida o perpetrada por aquellos que deberían proteger a los ciudadanos.
Se sabe, las órdenes de aprehensión, solicitadas por la Fiscalía General del Estado habían sido liberadas desde hacía varios días y se pidió el apoyo de la SEDENA, así como de la Guardia Nacional, el dispositivo llamó la atención de propios y extraños, pues el lugar fue rodeado y enseguida entraron los responsables del mismo para dar cumplimiento al ordenamiento legal.
Los primeros datos que se tienen indican, el delito o uno de los delitos por los cuales se detuvo a los tres agentes es por desaparición forzada, es decir, persona o personas que en su momento fueron “levantadas” y de quienes ya nada se ha vuelto a saber. Ya familiares de algunos jóvenes desaparecidos han sido contactados por la Fiscalía General del Estado, para reunir más pruebas.
Aquí, en Santa María del Río, han varias denuncias de pesquisa por jóvenes que salieron de sus domicilios y ya no han tenido noticias de ellos, son de diferentes colonias, sus familiares han recurrido a redes sociales, han presentado las respectivas denuncias, pero hasta la fecha siguen sin tener noticias de ellos.
Al momento de redactar la presente información, las autoridades de ese municipio no han hecho ningún pronunciamiento al respecto, el alcalde Israel Reyna Rosas se ha mantenido al margen de cualquier comentario.
Cabe consignar que al parecer los tres agentes detenidos estarían involucrados con un cártel. Se espera un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado.
Con respecto al delito imputado a los agentes municipales, el código penal vigente en el estado señala; Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes.
Este delito se castigará con una pena de quince a cuarenta años de prisión, y sanción pecuniaria de trescientos a mil quinientos días de salario mínimo.
La misma sanción que señala el párrafo anterior se aplicará al particular que por orden, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, participe en la comisión del delito de desaparición forzada de personas.
El delito al que se refiere este capítulo es de ejecución permanente en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima, por lo que no prescribe ni la acción penal, ni las penas que deriven de su comisión.
Las sanciones previstas en el artículo precedente se disminuirán en una tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los hechos; y en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.
