Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, justificó la reciente liberación de Guillermo «N», uno de los feminicidas de Guadalupe Viramontes Cruz, señalando que la ley se aplicó de forma retroactiva en este caso. Guillermo, de 27 años, solo cumplirá una pena de un año y siete meses, lo que ha generado indignación entre la familia de la víctima y colectivos feministas.
En declaraciones realizadas tras la decisión del Juzgado Especializado en Adolescentes y Ejecución de Medidas del Sistema Tradicional, Morales Silva explicó que en 2012, año en que ocurrió el feminicidio, la Ley de Justicia para Adolescentes en el estado contemplaba una pena máxima de cinco años. La aplicación retroactiva de esta ley permitió a Guillermo beneficiarse de una reducción significativa en su condena.
El magistrado enfatizó que, aunque la decisión puede parecer injusta para las víctimas, el sistema judicial debe considerar ambos lados del caso. Reconoció que la aplicación retroactiva de la ley, permitida por el Artículo 14 constitucional, puede generar descontento y una sensación de injusticia en las víctimas, pero sostuvo que los jueces deben equilibrar sus decisiones en función de los derechos de todos los involucrados.
Morales Silva también comentó que no es habitual que los adolescentes cumplan penas de prisión, ya que la ley establece medidas alternativas para delitos no graves. Solo en casos de delitos graves, como homicidio o feminicidio, se opta por la privación de la libertad. El presidente del Poder Judicial lamentó que muchos jóvenes se vean envueltos en conductas delictivas, pero destacó que la ley de adolescentes está diseñada para tratar a estos individuos de manera diferente a los adultos.
