Por: Adriana Ochoa
Tres años antes de concluir el periodo para el que fue nombrado primer fiscal autónomo de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera presentaba su renuncia “por motivo personales”, la mañana del 24 de septiembre de 2021.
Menos de 48 horas después, Ricardo Gallardo Cardona tomaría posesión como gobernador constitucional del Estado. A Garza Herrera le sucedería un “vicefiscal” ligado a Gallardo Cardona, José Luis Ruiz Contreras, confirmado por el Congreso como el segundo fiscal de la era autónoma. Su acomodo para ascender en ausencia de Garza Herrera fue muy evidente y cantado desde antes.
Ante los cuestionamientos de prensa por el extraño paso atrás, pues su periodo finalizaba hasta el 26 de octubre del 2024, Garza Herrera contestó que para él había concluido su paso por la Fiscalía General del Estado (FGE) porque había cumplido “con el plan de trabajo que se tenía”. Remarcó que no tenía desencuentro ni agravio alguno con el nuevo gobernador Gallardo, un señor que en menos de seis años logró salir de la prisión, ganar una curul federal y trepar ahí donde nadie lo esperaba.
Garza Herrera fue el último procurador general de justicia de la entidad hasta el 26 de octubre de 2017 y una vez que se conformó la primera fiscalía general del Estado de San Luis Potosí, fue el primer titular.
Con el sucesor de Garza Herrara, José Luis Ruiz Contreras, y la actual titular María Manuela García Cázares, van tres fiscales de la era autónoma. La Constitución local prevé elegir titular de la FGJSLP cada siete años, la era autónoma apenas suma ocho. Y no, ninguno de ellos ha demostrado sacar provecho alguno del viento de cola que la ley ordena.
Desencuentro o no desencuentro con el gobernador, el primer fiscal, Federico Garza Herrera, tuvo la oportunidad y no se les escapó entre los dedos, no, más bien la arrojó como algo corrosivo, peligroso o tóxico. No esperó a que le tocaran retirada. Nunca explicó cuál fue el “plan de trabajo” que dijo haber cumplido antes del periodo previsto por la ley, si es que hubo algún plan. Se fue antes que desapareciera de escena el gobernador que lo propuso e impulsó, el priista Juan Manuel Carreras López.
Como fiscal general, Garza Herrera se la pasó enfrentado con el fiscal anticorrupción, Jorge Vera Noyola, quien renunció desesperado por las trabas a su labor. El resultado: ninguna denuncia de corrupción, y vaya que las hubo, tuvo realmente consecuencias.
Una red extorsiva de diputados locales y funcionarios de la Auditoría Superior fue desfogada, demediada y cargada sobre un solo legislador, el que aparecía pidiendo “moches” a alcaldes para “limpiar” sus cuentas. El diputado Enrique Flores se libró se la cárcel y reapareció como asesor político gallardista en el Altiplano.
Otro chiquero en el Congreso, de diputados que debieron enfrentar cargos por robo de identidad, falsificación de firmas y peculado, pues solicitaban “apoyos” económicos usando documentos de personas que nunca recibieron tal ayuda, se resolvió con la devolución discreta del dinero.
Con Ruiz Conteras, hoy magistrado electo al Supremo Tribunal de Justicia, la Fiscalía General de Justicia se convirtió en la casa de la intimidación, la revancha política y los arreglos monetarios poco claros. Ley y justicia no son lo mismo, eso lo sabemos.
El primer objetivo de este lawfare sistemático fue la adversaria política de Gallardo en el proceso electoral de 2021, la ex secretaria de Salud y excandidata de Morena a la gubernatura Mónica Liliana Rangel Martínez.
Con fanfarrias, el gobierno estatal celebró la “devolución” de 22 millones de pesos por parte de la exfuncionaria, acusada de comprar productos para combatir dengue con recursos etiquetados para la lucha contra el COVID.
Los términos son inexactos: Rangel Martínez no devolvió nada porque no se llevó nada; gastó dinero etiquetado de un fin a otro, un tema administrativo indebido, pero no un “robo”, como mantuvo la narrativa oficial.
Fue la empresa involucrada en ese asunto, una firma establecida en Monterrey que abastecía a todo el sector Salud del país, la que pagó la suma, mucho más de los 22 millones de pesos celebrados oficialmente. Una vez que la proveedora expuso su interés en pagar, urgida para evitar que la inhabilitara Función Pública y por el caso San Luis perdiera el resto de su clientela en el resto del país, aparecieron otros “cargos adicionales” de los que nunca se habló.
Del dinero “recuperado”, Gobierno dijo (no lo probó) que lo gastaron en ambulancias. A la Cruz Roja no se las dieron, Gobierno no le ayuda ni para gasolina. Se supone que entregó las ambulancias a los municipios, nunca se supo a cuáles, a qué precio las compraron ni a quién.
Por eso tal vez el encarnizamiento de la fiscalía contra el sucesor de Mónica Rangel en Salud, el doctor Miguel Lützow, encarcelado por el mismo caso: el infectólogo se negó a aceptar culpabilidad alguna, el primer paso para fincarle a él, y otra vez a la empresa proveedora, otra millonaria “reparación” para dejarlo libre.
El tiempo corrió y Función Pública federal acabó por sancionar a la proveedora y las posibilidades de conseguir que abriera de nuevo la cartera para el gobierno potosino se diluyeron. Lützow salió de la cárcel con una defensa que sacó a asolear en juicio los andrajos más pringosos de la fiscalía en el proceso.
Fuera de su propaganda intimidatoria con opositores y disidentes, la Fiscalía no mejoró ni un ápice para los potosinos. Los delitos no denunciados siguen siendo 9 de cada 10, pues es del saber común que ahí sólo se va a perder el tiempo, cuando no también dinero porque “no hay gasolina” para que se muevan los policías investigadores y para que las secretarias no “olviden” el expediente debajo de todos los que se acumulen.
Una compañera periodista vivió la extraña experiencia de recibir llamadas de personal de la Fiscalía para venderle un oportuno certificado de defunción en 3 mil pesos, apenas momentos después de reconocer el cadáver de un familiar que por desgracia falleció en circunstancias que hicieron necesario un trámite forense. Así de gorda, cínica y extensa la piara.
Waldo Fernández, senador neoleonés y oficialista, reveló al cierre de la semana que preparan una reforma a las fiscalías para que vuelvan a depender de los gobernadores, que se acabó la “era autónoma” porque no funcionó. En el caso de San Luis Potosí, en efecto, nunca hubo autonomía en los hechos, tampoco mejora alguna. En otros estados, con fiscales que no congenian ni se someten al gobernador en turno, se prendieron las luces de advertencia.
En su “Mañanera” del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el fin de las fiscalías autónomas no es proyecto del gobierno federal, pero consideró necesario revisar cómo han funcionado. “Hay Fiscalías en algunos estados que funcionan muy bien, hay otras que no funcionan tan bien; la Fiscalía General de la República funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar”, dijo.
Reconoció que las fiscalías “son, finalmente, quienes persiguen el delito”. Consideró que “vale la pena analizar el funcionamiento de las Fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no, es otra cosa; pero creo que es importante mejorar, en general, en nuestro país la procuración de justicia”.
Por limpiar la corrupción en las fiscalías y hacerlas eficientes en la procuración de justicia debió empezar la 4T de López Obrador, en lugar de una imponerle al país una “reforma judicial” autoritaria, fraudulenta y demagógica.
De la fiscalía autónoma, en San Luis a esa oportunidad se renunció desde el inicio. Suena bonito en los discursos, pura corrección política, pero nunca se ha sabido de qué va.
Si las cámaras federales van a reformar las fiscalías, que no sea el enésimo parche a un sistema insostenible por incompetencia, corrupción y abusos.
